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Imputación, procesamiento y condena > Mario Santana

   

El jueves pasado, el magistrado juez don José Castro, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma de Mallorca, dictó auto en las Diligencias Previas nº 2.677/2008 por el que acordaba, entre otras cosas, “… recibir declaración en calidad de imputado (…) a don Iñaki Urdangarín Liebaert…”, señalando al efecto las 9.00 horas del día 6 de febrero de 2012.

Las anteriores líneas, y el estilo forense empleado, suelen recibirse por la sociedad en general como prueba irrefutable de culpabilidad. Vamos, que el día 6 por la noche duerme entre rejas. Sin embargo, tal interpretación resulta totalmente ajena a la realidad, y probablemente es fruto de torticeras estrategias del juego político de baja estofa: basta una denuncia para que la expresión “imputado” aparezca en titulares, con evidente rédito político.

Hasta hace unos años, una persona relacionada con la comisión de un delito podía ser llamada a declarar ante el juez como mero testigo; es decir, sin que pudiera ejercitar su “derecho de defensa” por la obvia razón de que un testigo de nada tiene que defenderse, porque de nada se le acusa.

Sin embargo, eran muchos los casos en que la persona que inicialmente había declarado como testigo resultaba luego acusada, utilizándose en su contra las primeras declaraciones.

A tal situación se trató de poner remedio con la nueva redacción del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuyo apartado primero se establece que “toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho”.

El contenido del “derecho de defensa” lo establece el artículo 24 de la Constitución Española como derecho “a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.

Obsérvese que en este primer momento el ejercicio del “derecho de defensa” es una mera facultad del inculpado, acusado o imputado, que todas las expresiones significan lo mismo. Sin embargo, llega un segundo momento en que el juez entiende que existen “indicios razonables de criminalidad”, viniendo entonces obligado a dictar auto de procesamiento, que ya coloca al que venía siendo imputado en una posición procesal digamos que más seria. Podrán entonces acordarse medidas cautelares como la retirada de pasaporte, exigencia de fianza o incluso la obligación de comparecer en el juzgado periódicamente para comprobar que sigue a disposición de la justicia. Pero todavía no está condenado, ya que aún habrá de recavarse nuevas pruebas, tomar otras declaraciones y realizar las diligencias oportunas para intentar esclarecer los hechos hasta donde sea posible.

Finalmente se celebrará el juicio, tras el cual se dictará sentencia, que siempre será recurrible, incluso en varias instancias: Audiencia Provincial y Tribunal Supremo. En determinados casos puede también caber la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional o al Europeo por vulneración de derechos fundamentales.

En el caso del señor Urdangarín sólo el futuro dirá si es o no merecedor de reproche jurídico, aunque el reproche ético o moral es obvio que ya se ha producido desde ámbitos que le son bastante cercanos, pero eso es arena de otro costal. Hasta ahora el juez sólo lo ha convocado a que dé su versión sobre determinados hechos, a lo que obviamente todos tenemos derecho. Luego ya veremos. Pero no antes. Al menos por higiene democrática y respeto al Estado de Derecho.

*Letrado | abogado@mariosantana.es