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La ley concursal > María Luz Cabral y Ana Saskia Rodríguez Montes

   

Hoy en día, debido a la crisis, oímos, cada vez más, que empresas entran en procedimiento concursal, procedimiento que viene regulado por la ley concursal. Esto pasa cuando el patrimonio total es de valor inferior al conjunto de deudas que tiene asumidas, por lo que entra en quiebra.

Los dos procedimientos que más se usan para acabar con este problema son: los acuerdos de quita y espera en donde los acreedores, con el fin de cobrar parte de su deuda, acuerdan disminuir un porcentaje del capital pendiente o ampliar el plazo de vencimiento y procedimiento de liquidación de bienes que se dan si no ha sido posible llegar a los primeros. Los acreedores se irán cobrando en orden hasta que se acaben los bienes por liquidar. Tenemos que tener en cuenta que, por el artículo 96 de esta ley, podemos impugnar el inventario y la lista de acreedores, en un plazo de 10 días desde la comunicación de esta.

El actual gobierno tiene previsto aprobar una reforma de esta ley antes de que se acabe la legislatura, con ello, busca simplificar y agilizar el procedimiento concursal, abaratando su coste económico y temporal y solucionar problemas que se han puesto de manifiesto en las distintas líneas jurisprudenciales de los juzgados de lo mercantil. Los puntos más destacados de la reforma son: un impulso a los acuerdos de financiación; una potenciación de la comunicación directa entre acreedores y administración concursal o la regulación completa y sistemática del procedimiento abreviado, pudiendo el juez transformarlo en ordinario (y viceversa) en cualquier momento de la tramitación del concurso. También, aparece la posibilidad de que la administración concursal recaiga en otras empresas, pues se permitirá que una personalidad jurídica actúe como “sociedad de administración concursal”, o lo que es lo mismo, que una persona jurídica se encargará de administrar la empresa inmersa en procedimiento concursal. Por lo cual, el principal objetivo es recuperar la actividad empresarial, dejando de lado la liquidación de estas, y llegando a un acuerdo que deberá ser certificado por medio de un experto independiente.

Comentar que existe un Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), el cual se encargará de pagar a los trabajadores, presentando, los interesados, la solicitud debidamente formalizada en la Unidad Administrativa del Fondo de Garantía Salarial de cada provincia o en cualquier otro órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, o de las Comunidades Autónomas, así como a través de las Oficinas de Correos en sobre abierto dirigido a la Unidad Administrativa del Fondo de Garantía Salarial de la provincia donde estuviese situado el centro de trabajo. Si la empresa cursa en el extranjero, podrán hacerlo en la representación diplomática o consular española. Se tiene de plazo un año contado desde la fecha del Acta de Conciliación, Sentencia, Resolución de la Autoridad Laboral o Resolución judicial complementaria. FOGASA, durante el año 2011, se hace cargo de hasta 11.202€ en nóminas impagadas, de la indemnización de 30 días por año trabajado con un límite 27.258,20€ y para las empresas con menos de 25 trabajadores se harán cargo del 40% de esta con tope de 10.903€.

*Con la colaboración de la economista Marta Martínez-Piñeiro Cabral