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Los recortes son inevitables > Leopoldo Fernández

   

El debate sobre los presupuestos de la comunidad autónoma debería reflejar una cierta altura de miras, no en vano se trata, por principio, del acontecimiento político anual de mayor relevancia. En él se fijan los grandes objetivos del Gobierno, en ingresos y gastos, para el sector público y las líneas maestras que ha de seguir la política económica en relación con la inversión, el endeudamiento, la fiscalidad, la atención a los distintos sectores productivos y de servicios, las necesidades sociales, etc. Para el común de los ciudadanos, es un asunto árido y farragoso por su propia naturaleza; pero su trascendencia es evidente, aunque no siempre lo estimen así algunos diputados autonómicos que esta misma semana, antes, durante y después del debate sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP -con escasos argumentos técnicos y mucha demagogia- y Nueva Canarias -con mejor elaboración y estimables razones de fondo-, se enzarzaron en ataques personales y batallitas dialécticas que poco tienen que ver con la políticas del Ejecutivo para el próximo ejercicio y con lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos. Como era de prever, ninguna de las dos enmiendas prosperó, así que ahora los presupuestos serán debatidos en la comisión correspondiente para que pasen luego al pleno del Parlamento, que los aprobará antes de que acabe el año.

Dada la volatilidad de los mercados, las dudas y problemas que suscitan el euro y el futuro de Europa y la falta de unos presupuestos estatales para 2012, es lógico que las cuentas canarias despierten algunas dudas porque, si no están cogidas con alfileres, sí quedan al albur de los acontecimientos y de las partidas -algunas ya comprometidas se supone que en firme, pero ya veremos- para las Islas que decida el futuro Gobierno popular y su política de recortes. Pero tiene razón el consejero de Hacienda, González Ortiz: es preferible tener unos presupuestos con posibles problemas que no unos prorrogados que no atiendan, como requieren las actuales circunstancias, las prioridades de las políticas sociales y la atención de los servicios públicos esenciales en materia de educación y sanidad. Y aunque el Ejecutivo no pueda alcanzar sus objetivos porque faltan recursos y encima hay que rebajar la inversión pública, al menos garantiza las políticas de solidaridad.

El anuncio de recortes en Sanidad y Educación ya provocó manifestaciones y protestas; por el momento se trata de medidas en nada comparables al tremendo tajo que a ambos servicios les están dando algunas comunidades -con Castilla la Mancha y Cataluña a la cabeza-. No sé si ello supone, como afirman algunos, el inicio del desmantelamiento del llamado Estado de Bienestar o si, por el contrario, se trata, tal cual opinan otros, entre los que me encuentro, de defenderlo a toda costa hasta donde sea viable, es decir, hasta donde alcancen los recursos paras sostenerlo. Seguro que ningún gobernante desea recortar derechos ni servicios, pero la crisis económica es como es y los mercados y las autoridades comunitarias, éstas en su afán por salvar el euro y quizás la propia Unión Europea -o lo que queda de ella-, obligan al Estado, y de paso a comunidades, cabildos y ayuntamientos, a la práctica de políticas restrictivas y de déficit cero, con los consiguientes e inevitables recortes draconianos.

Decía el otro día un colega madrileño que si los empresarios y banqueros le dijeron a Rajoy todo lo que saben sobre la situación económica, debería salir corriendo antes de someterse a la sesión de investidura. Y añadía que de persistir en su aspiración presidencial, le quedaban dos balas en la recámara: una para estabilizar el país y otra para, si no lo logra, pegarse un tiro. Puede parecer una exageración, pero la situación general española es asustante, dramática; sus efectos nos alcanzan a todos, y con seguridad van a condicionar, en una u otra medida, nuestro futuro personal y el de la nación. Somos más pobres y más débiles que ayer y para superar las adversidades sólo sirven las armas de la austeridad, la solidaridad, el esfuerzo y el sacrificio, empezando por las autoridades públicas, que guían los pasos de la ciudadanía en los distintos niveles y deben ser siempre un referente de ejemplaridad y rigor.

El consejero González Ortiz, una de las mentes jóvenes más lúcidas y realistas del nacionalismo canario, ponía al respecto algunos ejemplos en el programa El envite de la Televisión Canaria a propósito de una pregunta mía sobre las desconfianzas que suscitan los partidos y la clase política en general. Le dije, y mantengo, que el Gobierno de Canarias tiene un serio problema de comunicación porque no sabe vender algunas de las cosas que hace, y si las vende, no las capitaliza. Es cierto que ha reducido gastos corrientes y aplicado algunas austeridades, pero una cosa es lo que los propios políticos acuerdan porque lo consideran conveniente y otra lo que la gente de a pie espera que hagan; por ejemplo, desprenderse de dietas, seguros, vehículos oficiales, teléfonos móviles, incluso de pagas extraordinarias, para demostrar que lo que exigen al común de los ciudadanos, ellos mismos lo practican sin trampa ni cartón.

El anuncio realizado por el consejero de que sobran ya algunos coches oficiales que van a ser subastados me parece una magnífica noticia porque explicita un camino y simboliza y ejemplifica con hechos algo necesario, aunque no tenga gran relevancia económica. Lo malo es que algunas buenas imágenes se desdibujan con otras acciones que revelan prácticas de amiguismo y dispendio, como acaece con la permanencia de enchufados y puestos de confianza y de empresas inútiles, o la creación del cargo, perfectamente prescindible, de comisionado para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales, hecho a la medida de Fernando Ríos, ex diputado nacional y ex secretario general de la Presidencia del Gobierno canario. ¡Y luego dicen que los partidos políticos no se están convirtiendo en oficinas de empleo..!

La estructura político-administrativa del Gobierno de Canarias puede y debe ser reducida sobre la marcha, sin mayores estudios ni zarandajas, tal y como ha hecho Baleares, una comunidad similar a Canarias que ya funciona con tan sólo seis consejerías porque es en este capítulo de la reducción del tamaño de la Administración donde, sin perjuicio de su eficiencia y la debida prestación de servicios, pueden producirse los mayores ahorros. La más que deseable supresión de las duplicidades de competencias y el reforzamiento del histórico papel de los cabildos requiere, en este caso sí, ese estudio riguroso que, con expertos incluidos -pero aún no nombrados a estas alturas-, se le ha encomendado al consejero Spínola y cuya elaboración sería deseable que fuera adelantada lo más posible.
En definitiva, sí confiado a unos presupuestos esencialmente sociales, que destinan a políticas de este corte casi siete de cada diez euros y que pretenden hacer frente a la crisis con los escasos medios disponibles y en la confianza de que aumente la actividad económica de modo que pueda crearse empleo, que buena falta hace. Como no hay dinero para todo lo que sería deseable, es preciso aceptar los recortes. Es bien cierto que Canarias se encuentra entre las comunidades con menor deuda pública; pero, cuidado porque la acumulada se acerca peligrosamente a los 4.000 millones de euros y el próximo ejercicio los va a superar al endeudarse la comunidad en 850 millones más, una cifra que da miedo y contribuye a generar nuevas incertidumbre sobre nuestro futuro. A lo mejor, como defienden Nueva Canarias, CC.OO. y UGT, va a ser necesario plantearse si, pese a todo, no será conveniente una subida de impuestos…