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Los valores de la Constitución de 1978 > Antonio Castro Cordobez

   

La fiesta que conmemora la libertad y la recuperación de los derechos – el Día de la Constitución – llega en este año de 2011 en circunstancias especiales – crisis económica sin precedentes, enormes cotas de desempleo, ciudadanos descontentos e indignados que trasladan a las calles su disconformidad y respuesta a las duras medidas de ajuste impuestas y por imponer.

Si a lo largo del último cuatrienio, padecimos los efectos de una recesión, anunciada, negada e irreversible, cuando se cumplen treinta y tres años de su entrada en vigor, atravesamos su tramo más amargo en cuanto la cruda realidad exige nuevas actuaciones y renovados sacrificios a la ciudadanía de la Unión Europea y, en particular, a sus países del sur, que registran los peores indicadores del Continente.

Refuerzan estas afirmaciones, los datos comunes de los institutos de opinión, desde los vinculados a las entidades financieras a los que trabajan por encargo de partidos políticos y medios de comunicación de sensibilidades distintas. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuya fiabilidad está por encima de las refriegas puntuales, da las más bajas calificaciones a las instituciones públicas y sólo se libran del suspenso que afecta a la inmensa mayoría de las jerarquías y estamentos, las fuerzas militares y las de seguridad.

En esa situación de riesgo, tenemos que recuperar el crédito perdido, afrontar con decisión las obligaciones y reformar, con todas las garantías, el marco legal para salir de la recesión y avanzar, de modo sostenible, sin desequilibrios entre los territorios de un Estado diverso, ni injusticias entre los ciudadanos que son iguales ante la ley y cuyos derechos están amparados por la Carta Magna de más larga vigencia en la convulsa historia de España.

La Constitución de 1978 representó un avance tan notable y esperado, como La Pepa – aprobada el 19 de marzo de 1812 – y que incorporó los más nobles anhelos liberales y de los declarados derechos humanos, marcando un hito con la articulación política y administrativa de los territorios del Estado en Europa y Ultramar. Contra inmovilismos ideológicos y centralismos seculares, la Constitución de 1978, extendió el autogobierno a toda la geografía y, sobre todo, como objetivo máximo, cuidó la salud democrática que nos permitió unas cotas de progreso inéditas. Sobre sus pilares de la justicia, la solidaridad, el desarrollo territorial y el funcionamiento correcto de las instituciones, tenemos que poner en valor nuestro principal acervo legal: la Constitución que nos gobierna y que, tres décadas después, exige con el máximo celo, el consenso más amplio y una profunda actualización.

Los partidos con responsabilidad de gobierno aplazaron esta actuación, unas veces por los ciclos de bonanza y otros por las pugnas y las crisis puntuales, pero nadie duda hoy de la necesidad de la reforma, sobre todo cuanto hasta la fecha la Constitución se ha retocado, por exigencias externas, en la cesión de soberanía a favor de la Unión Europea y en la limitación del déficit público, impuestas por estamentos fácticos que, con tanto poder y despreocupación, han llevado en los últimos años el desafortunado rumbo económico de nuestro entorno.

La influencia de los “mercados” – presentados como la única alternativa de desarrollo – ha sido decisiva en la grave recesión que está arruinando establecimientos financieros y tambaleando estados, sin que, hasta hoy, hayamos sido capaces de buscar mecanismos conjuntos que regulen su funcionamiento y limiten y penalicen sus excesos.

La reforma que se impone, se tiene y se debe hacer desde la soberanía popular y sus legítimos representantes. La dinámica irreversible de la globalización nos recuerda el papel de los mercados pero también, y de modo preferente, la necesidad de sanear y de revalorizar las instituciones políticas que son las auténticas depositarias del poder.

A estas alturas sabemos a dónde llegan los “mercados” tratando de reducir el sector público a la mínima expresión o imponiendo normas homogéneas que no consideran las singularidades de los territorios, amenazando uno de los mayores valores de Europa, resaltada en las últimas reuniones de la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa: “la suma de las diversidades, auténtico potencial económico, social y cultural de nuestro entorno”.

En estos tiempos se impone la cordura de buscar, entre todos, posiciones de consenso, para compartir los recortes y sacrificios que nos aguardan y, a la vez, para acometer las reformas imprescindibles para que la Constitución, manteniendo el espíritu que la consagró, pueda servir en el futuro a todas las nacionalidades, regiones y territorios.

En el caso de Canarias, la comunidad con mayores singularidades del Estado, las reformas deben ser profundas, garantizando el principio de solidaridad, reconocimiento de su situación de Archipiélago Atlántico e inclusión de su Régimen Económico y Fiscal fortalecido, así como su marco de relaciones propias con la Unión Europea y los países africanos y americanos.

La Constitución debe seguir siendo la “norma de todos”, que nos una y nos ayude a progresar siempre en el buen entendimiento. Por eso, su celebración debe ser siempre solemne y respetuosa, de forma que sea compartida por todos en plena convivencia y armonía, debiendo ser las instituciones legislativas las que conmemoren su existencia y buen funcionamiento, las que ponderen este valioso marco legal que, no lo olvidemos, como toda obra humana necesita actualizaciones, revisiones y mejoras.

Antonio Castro Cordobez es Presidente del Parlamento de Canarias