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Mañana empieza la era Rajoy > Leopoldo Fernández

   

Mañana, lunes, con el discurso de investidura, que dará paso a su posterior elección como presidente del Gobierno, comienza la era Rajoy. Dada su natural reserva y hermetismo, parecen imposibles las filtraciones sobre la esperada intervención del líder del Partido Popular. Pero nadie duda que dejará muy claro su sentido del Estado y su visión de la realidad en unos momentos particularmente graves en lo económico y muy preocupantes en materia política y social, por la división entre los partidos sobre cuestiones fundamentales y los efectos que la crisis misma sigue teniendo para el paro y el mantenimiento de la deseable cohesión social. Mariano Rajoy ha obtenido un respaldo electoral y un poder político más que holgados para poner en marcha las reformas que el país necesita con urgencia. En tal sentido, parece razonable esperar que su discurso de investidura sea muy directo en la exposición de sus intenciones, cuyas grandes líneas ya adelantó el programa electoral del PP, aunque el detalle de algunas de ellas seguirá pendiente hasta que se produzca el nombramiento de los nuevos ministros y se conozca con detalle la verdadera situación económica en que se encuentra el país tras la entrega de papeles por parte del Gobierno saliente.

Antes de que el Rey lo designara candidato a la Presidencia del Gobierno, Rajoy se encargó de adelantar a Su Majestad que sus prioridades serán la crisis, la puesta en marcha de medidas de estímulo para la generación de actividad económica y la consiguiente creación de empleo, completar la reestructuración del sistema financiero, todavía con muchas rémoras y achaques, y la ya obligada, por comprometida ante la UE, reducción del déficit público. A estos objetivos añadirá otros como severas medidas de austeridad -que “no serán gratas” según sus propias palabras-, la tan cacareada reforma laboral, nuevas orientaciones en política exterior hacia los “aliados naturales” – principalmente los socios comunitarios, más aún en el actual proceso unificador europeo, además de Latinoamérica y Marruecos- y propuestas concretas en campos como la administración, la justicia, la educación, la innovación, la industria y la agricultura, con especial referencia al turismo. Y, si existiera consenso suficiente, la puesta al día de la Constitución del 78 y la reforma de la Ley Electoral.

Pero si la expectación ante el discurso de mañana es obvia, la negación de grupo parlamentario a la formación filoetarra Amaiur -nombre tomado de una batalla librada entre España y Francia a mediados del siglo XVI y que el imaginario nacionalista radical elevó a los altares de la lucha de Navarra por su independencia- y las fórmulas a la carta inventadas por algunos políticos para acatar la Constitución y poder así adquirir la condición de diputados o senadores han ocupado la mayor parte de los espacios de los medios de comunicación. Sobre el tema se dan opiniones para todos los gustos, aunque básicamente pueden resumirse en dos. La primera, que objetivamente ese partido no cumple los requisitos exigidos por el Reglamento del Congreso para formar grupo parlamentario -de ahí su treta de desaparecer al diputado navarro-. Pero en precedentes similares (con PNV, IU, ERC y CC) la Mesa de la cámara baja permitió su constitución, en una interpretación flexible de la legalidad defendida por el propio Tribunal Constitucional. La segunda opinión, defendida por el PP, se ciñe al cumplimiento escrupuloso de la letra de la norma y a la consideración añadida de que ese partido es el brazo político de la organización terrorista ETA. Y, aunque ha decidido jugar dentro del sistema, aún no ha dado pasos satisfactorios en la condena de la violencia y en el desenganche de la tutela etarra. Lo que equivale a que Amaiur utilice a partir de ahora un victimismo oportunista -si mañana la Mesa del Congreso, con mayoría absoluta del PP, ratifica su decisión-, además de iniciar un proceso ante el Constitucional que no se sabe cuándo ni cómo podrá acabar.

La presencia de Amaiur en los máximos órganos de representación de la soberanía nacional resulta ciertamente inaudita, aunque así lo han querido los electores. Tras el empecinamiento de Zapatero por meter a ETA y sus cómplices en las instituciones y luego de la delirante sentencia del Tribunal Constitucional y la consiguiente desautorización de la resolución del Supremo que considera a Bildu y el entramado etarra, del que forma parte Amaiur, una prolongación de la banda, a mucha gente no le parece razonable que se otorgue a los actuales representantes proetarras un trato de favor, menos aún cuando ni han condenado el terrorismo, ni ETA ha entregado las armas y el comportamiento de Bildu en distintas corporaciones del País Vasco sigue cayendo en una deriva creciente hacia el radicalismo, la imposición y la amenaza.

Es verdad que en una democracia el respeto a las minorías es una necesaria práctica constitucional y que el grupo mixto del congreso va a ver desvirtuada su funcionalidad y sus tareas parlamentarias; pero no es menos cierto que toda cautela es poca a la hora de otorgar graciosamente a un partido secesionista, de corte marxista leninista y revolucionario, empeñado en dinamitar la existencia misma del Estado, la posibilidad legal de disponer de una importante financiación pública y de mayor poder político; además de abrirle cauce a reuniones reservadas o secretas en las que se expongan cuestiones especialmente delicadas para la seguridad del Estado y la defensa nacional, incluyendo asuntos confidenciales sobre policía, espionaje, diplomacia, etc. El voto abstencionista de PSOE y CiU en la Mesa del Congreso va en esa dirección; incluso ha trascendido que Rubalcaba se opuso con todas sus fuerzas a que se otorgara grupo parlamentario a Amaiur tras una durísima discusión con Zapatero, que defendía la postura contraria.

Ahora bien, en algunos medios se afirma que la formación abertzale ha provocado su exclusión ya que no reclamó la imprescindible adscripción temporal de un diputado para tener grupo propio, como hizo UPyD -que tampoco tenía derecho a él- con el representante de Foro Asturias, el partido de Álvarez Cascos. En tal supuesto, el reglamento de la cámara baja es taxativo y obliga a la concesión automática de grupo parlamentario. ¿Quería Amaiur provocar este conflicto político deliberadamente sabiendo que el PP haría todo lo posible dentro de la legalidad para no otorgarle la menor concesión si antes ETA no desaparece y se desarma y, en cambio, facilitaría el grupo al partido de Rosa Díez?

Tras haber guardado durante semanas un silencio sospechoso y dar por buena la enorme falsedad de que el comunicado de ETA sobre el cese definitivo de la violencia se había producido sin ningún tipo de concesión política, ¿qué va a hacer ahora el PP con la proposición no de ley presentada por UPyD, en la que pide que se promuevan las iniciativas legales necesarias para iniciar la ilegalización de Amaiur y Bildu, a las que ve como continuación de los partidos ilegalizados HB, Euskal Herritarrok y Batasuna? ¿Y si alguien solicita que se derogue la autorización para negociar con ETA que se aprobó bajo mandato de Zapatero? La situación política puede llegar a ser apasionante pero también de profunda preocupación, según evolucionen los acontecimientos. ¿Es entonces un error y una torpeza, como la ha calificado Patxi López, este acuerdo de la Mesa del Congreso, o, por el contrario, coloca a Amaiur en el sitio que jurídicamente, y políticamente, le corresponde?

En cualquier caso, parece conveniente la reforma del reglamento de funcionamiento del Congreso para acabar con ambigüedades, flexibilidades e inconcreciones que se prestan a extrañas laxitudes, chapuzas jurídicas y fraudes de norma y de ley. En este mismo orden, y por una cuestión de decencia política, dignidad y rigor, debe ponerse coto a ese sarcasmo inconcebible de jurar o prometer la Constitución “por imperativo legal”. Quienes se sienten en el Congreso y el Senado deben aceptar sin más la Carta Magna porque de lo contrario se pervierten las más elementales reglas de juego de la democracia. Sin embargo, se ha permitido la aberración legal de que una veintena de parlamentarios hicieran de su capa un sayo y juraran o prometieran añadiendo comentarios, validando palabras o improvisando frases inaceptables que es preciso cortar con determinación para no invalidar lo que debe constituir el cumplimiento de un protocolo jurídico respetuoso y solemne, ya que esa jura o promesa es condición imprescindible para tomar posesión del acta de diputado y de senador.