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Otra comisión > Alfonso González Jerez

   

Finalmente ayer fue presentado el comité de expertos sobre la reforma administrativa promovido por el presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero. Digo finalmente, de manera incorrecta, porque Paulino Rivero ha tardado cerca de medio año en convocarla después de conseguir su segunda investidura presidencial. Como las vacaciones navideñas están a la vuelta de la esquina, no me parece exagerado aventurar que el comité de expertos, presidido por José Luis Rivero Ceballos y coordinado por Fernando Ríos (o quizás sea al revés), no alcanzará su velocidad de crucero hasta mediados del próximo enero. ¿Por qué no se logró congregar antes a un comité que el señor Rivero había anunciado hace tanto tiempo? Imposible saberlo. Una ley histórica -no enunciada ni por el marxismo ni por la escuela de Viena- establece que en España, cuando debe solucionarse algo, se nombra una comisión, pero nada establece firmemente respecto a los plazos. Quizás se estaba esperando por el feliz retorno de Fernando Ríos como hijo pródigo. Quizás el presidente no encontraba hueco en su apretada agenda. Todo lo que se sabe de una comisión es cuando se crea y es presentada públicamente. El comité que ayer bautizaron ante los medios de comunicación el presidente del Gobierno y el profesor Rivero Ceballos -cuyos miembros, ciertamente, presentan unas credenciales profesionales y académicas impecables- cumple con meticulosidad estos gaseosos requisitos. Por supuesto, sus objetivos últimos son proponer acciones y medidas para potenciar la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas y evitar duplicaciones, disfuncionalidades y despilfarros. Nada se concreta, no obstante, sobre el modelo de administraciones públicas en que se basará el análisis de las realidades actuales y su entramado financiero, competencial y normativo. Y es que, a ese respecto, nada puede disponer una comisión de técnicos: esas decisiones son de naturaleza estrictamente política. Así se descubre que la decisión de nombrar una comisión supone un descansado método para evitar cualquier riesgo político, es decir, para eludir la toma de decisiones estructurales, que son, precisamente, las que necesita con urgencia el selvático e ineficiente sistema administrativo de Canarias. Mientras tanto la comisión, cada tres meses, lanza propuestas al Gobierno que el Gobierno, por supuesto, recibirá con una diligente atención. Nadie podrá decir que no se está haciendo nada. Se ha creado una comisión. Los comisionados son gente seria. Cada trimestre vaciarán sus honestas alforjas. El presidente se quedará encantado. Nosotros, lo sospecho, no tanto.