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Piden 10 años de inhabilitación a la exconcejal de Consumo de Oviedo por no resolver reclamaciones o hacerlo arbitrariamente

   

EFE | Oviedo

La fiscalía ha solicitado una pena de inhabilitación especial de diez años para cargo público por un delito de prevaricación para la exconcejala de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita García, del PP, por dejar de resolver numerosas reclamaciones o hacerlo de forma arbitraria.

La vista oral por esta causa, en la que también figura como acusado el exdirector de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Alejandro Álvarez, para el que el ministerio público pide la misma condena, se celebrará el próximo martes en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo.

Según el escrito de conclusiones de la fiscalía, ambos acusados realizaron estas prácticas al menos desde el año 2005, y hasta su cese respectivo en los cargos que ocupaban, en numerosos casos relativos a denuncias de consumidores contra los responsables de distintas empresas y establecimientos comerciales de la ciudad.

Así, el ministerio público señala que en el año 2005 de 248 reclamaciones presentadas caducaron 61 mientras que en 2006 de 448 quejas esta circunstancia se dio en 320 casos y un año después se produjo la caducidad de 375 de las 981 registradas sin que tramitaran ningún expediente en el ejercicio de la potestad sancionadora municipal.

El fiscal, que considera también probado que en otros casos los acusados resolvieron conscientemente de forma arbitraria, señala como ejemplo que en el mismo periodo los ayuntamientos de Avilés y Gijón incoaron 55 y 222 expedientes sancionadores, respectivamente.

Las resoluciones resueltas de forma arbitraria se archivaron pese a que era “evidente” que se trataba de cuestiones relativas a la protección del consumidor ya que eran relaciones entre usuarios y empresarios y no de particulares o de empresarios entre sí, únicos supuestos que quedarían al margen de la protección del consumidor.

Las denuncias contra García, que fue concejala entre 2003 y 2011, y contra el exdirector de la OMIC fueron interpuestas por la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias que acusó de “tirar a la papelera y archivar más de mil reclamaciones de los vecinos de la ciudad” al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, que alegó entonces no tener competencias para tramitar esas reclamaciones.