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Preservar las libertades > Jerónimo Saavedra

   

Cierto es que vivimos tiempos difíciles. Agravados con el elevado e insólito nivel de incertidumbre que soportamos tanto en nuestros itinerarios individuales en calidad de ciudadanos como en los propósitos colectivos de convivencia que aspiramos alcanzar. De repente, se cuestiona ferozmente instituciones democráticas que nos hemos dotado abocándonos a un desmantelamiento paulatino pero delicado de las estructuras de nuestro Estado de Derecho.

El nuevo Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha impulsado la supresión de la figura del Defensor del Pueblo en su Comunidad Autónoma. Su Cámara regional, mediante ley, lo ha consumado. Sin necesidad de modificar su Estatuto de Autonomía ya que, en su momento, no optó por disponerlo expresamente.

En mi compromiso como Diputado del Común manifiesto la importancia en nuestro tejido constitucional del Defensor del Pueblo estatal y sus análogos a lo largo y ancho de la geografía nacional. El primero vela por el correcto funcionamiento de la Administración central ante el ciudadano y la defensa de sus derechos y libertades. Pero la realidad territorial de España es la que es y, por consiguiente, es imprescindible que las diversas Defensorías se hagan cargo de idénticas misiones en cada Comunidad Autónoma donde los respectivos Ejecutivos despliegan su acción política que, insisto, debe salvaguardar las garantías jurídicas ciudadanas. Y, por desgracia, no siempre es así. Es razonable y conveniente debatir sobre la idoneidad de evitar la multiplicidad de competencias de las Administraciones Públicas. Pero no de las instituciones fundamentales que preservan el Estado de Derecho y que, por supuesto, son dignas de mejora pero nunca de desaparición. Y estas, no olvidemos, tienen su exponente estatal como en cada una de las Comunidades Autónomas.

Sin ellas, difícilmente observaríamos el empleo riguroso del Derecho, el control sobre posibles abusos de poder o la denuncia pública de la inacción o la dilación indebida de alguna Administración.

La democracia constitucional precisa de las Defensorías del Pueblo que están avaladas por su trabajo y, no siendo menos, por la legitimación parlamentaria derivada que les precede.

La exposición de motivos de la estrenada norma de Castilla-La Mancha hace mención a la ausencia de precedentes históricos de la institución del Defensor del Pueblo más allá del artículo cincuenta y cuatro de la Carta Magna que aprovecho para poner en valor. En cambio, me veo en la obligación de advertir que la trayectoria que forja al constitucionalismo actual imperante en la Europa continental no es fruto de ciclos remotos en la Historia. De hecho, el empeño y la innovación en el pasado siglo XX hicieron posible la aparición, por ejemplo, de los Tribunales Constitucionales emergidos a partir del período de entreguerras. Los Defensores del Pueblo no son una excepción.

Así pues, son numerosas, indispensables y de reciente experiencia las vertientes que permiten el despliegue efectivo del Estado de Derecho.

Esgrimir recortes económicos aludiendo a la corta vida de la institución es, sin duda, zarandear buena parte de nuestro constitucionalismo presente. No digamos ya si usáramos idéntica premisa frente a la construcción permanente de la Unión Europea.

En fin, a lo largo de mi trayectoria pública no pude imaginar decisiones que retrotrajesen los cimientos democráticos alcanzados tras enormes sacrificios asumidos por todos los españoles. Y como jurista siento una seria preocupación a compartir ante esta decisión de incierto desenlace cuya repercusión me temo que no se limitará al corto plazo.

* Diputado del Común