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Prioridades económicas > Ángel Llanos

   

El anuncio efectuado este lunes por el nuevo ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, no puede ser más negativo: caída del Producto Interior Bruto español (PIB) entre el 0,2 y el 0,3%, tanto en el último trimestre de 2011 como en el primero de 2012. Dado que el PIB es el valor de la producción de los bienes y servicios del conjunto del Estado, tenemos un serio problema, tal y como Su Majestad el Rey ha puesto de relieve en el tradicional mensaje a la Nación de Nochebuena.

Es cierto que el nuevo Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, adoptará las primeras medidas urgentes en materia económica en el Consejo de Ministros de este viernes, entre las que estarán la subida de las pensiones, la congelación del sueldo de los funcionarios y la tasa “cero” de reposición de los trabajadores públicos que se jubilen. Medidas estas últimas encaminadas a reducir el gasto de personal (capítulo 1), tal y como se indicaba en esta misma columna hace dos semanas para el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Pero serán necesarias otras decisiones. La obligada prórroga de los Presupuestos Generales del Estado vendrá acompañada del Acuerdo de No Disponibilidad, que puede alterar la financiación (o, al menos, la inversión) autonómica y local. Y la presentación en enero de la Ley de Estabilidad Presupuestaria desarrollando la reforma constitucional, conllevará una distribución de los límites del déficit entre las diferentes Administraciones Públicas; distribución que obligará a cada una a asumir sus responsabilidades en caso de incumplimiento, siendo la primera consecuencia la imposibilidad de recurrir a préstamos para financiar las inversiones (ya que la financiación del gasto corriente con cargo a operaciones financieras a largo plazo hace tiempo que está vetada).

Sabiendo que la política monetaria la marca el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el BCE, el Ejecutivo Central reformará la política fiscal discrecional en lugar de dejar las medidas correctoras en manos exclusivamente de los estabilizadores automáticos. Algunas de estas reformas gustarán mucho y otras, no tanto. Pero hay que hacerlas, independientemente del coste político a corto plazo. Pero son reformas que también deben aplicar las Entidades Locales en el marco de sus competencias. Las que no lo hagan, corren el riesgo de quedarse como meros cobradores de impuestos y limpiadores de calles (y no todos los días).

*Exportavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz