X
Tiempo al tiempo >

Prioridades > Juan Julio Fernández

   

Faltan menos de dos semanas para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y para que se conozcan los nombres de los ministros que le acompañen en una legislatura que se espera distinta a las dos últimas y suponga un punto de inflexión en la gestión de una crisis mal llevada por Zapatero, pero que no va a remitir en un santiamén.
Con todo, los españoles le han dado a Rajoy la mayoría parlamentaria para que actúe en consecuencia y con un margen de confianza para valorar la herencia recibida y decidir las prioridades en las medidas a tomar, unas para salvar lo que sea salvable y otras para reactivar la economía, crear empleo y favorecer el consumo, lo que más demandan los españoles y, en particular, los cinco millones de parados, entre los que los jóvenes superan el 40%. Y aquí es donde entra en juego el artículo 35 de una Constitución que nos ha servido hasta ahora, pero que parece requerida de una puesta al día para mejorar nuestra convivencia.
Recuerdo que cuando en 1978 hice campaña, como diputado al Congreso para que se votara a favor del texto constitucional, puse especial énfasis en su texto: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”, que antepone el deber al derecho, con lo que los padres constituyentes trataban de contrarrestar la opinión arraigada sobre todo fuera de España, en la órbita de la moral calvinista que prima el esfuerzo, de la aversión de los españoles al trabajo, avalada por la abundancia de días festivos, con puentes y acueductos, y de vacaciones, para ellos excesivos. Y hete aquí que esta proclamación bien intencionada se ha convertido, treinta años después, en un sarcasmo, cuando los que quieren trabajar ni cuentan con el derecho que les otorga la Constitución, ni pueden cumplir con el deber que también les impone. Y no digamos nada si relacionamos este artículo con el 43, por el que “se reconoce el derecho a la protección de la salud” y se establece que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” y el parado se encuentra con que, terminadas las prestaciones por desempleo, se queda sin cobertura sanitaria, un derecho que es papel mojado y lo sume en angustia personal. Sé que las prioridades del nuevo Gobierno son muchas, pero entiendo que estas dos exigencias constitucionales no deben postergarse ni tampoco perder de vista que están relacionadas con el sistema educativo. España, con más de 100 universidades, no tiene ninguna entre las cien mejores del mundo, cuando está más que demostrado que la inversión en educación es la más rentable y, además, clave en la investigación y el desarrollo para generar trabajo y empleo. Y este déficit tiene mucho que ver con la implantación, por los socialistas, de la ESO, buscando una igualación hacia abajo que nos ha llevado a la cola de Europa, y con la incapacidad de los dos partidos mayoritarios para afrontar una reforma educativa y consensuar un plan de enseñanza fiable y no contingente y que nos coloque entre los países que, educativamente, lideran al mundo.
En este acueducto, más que puente, de la Constitución, me he sentido congratulado leyendo lo que se publica en uno de los suplementos que prodigan los diarios españoles los fines de semana y que recoge la opinión de cinco especialistas de cinco países punteros, Finlandia, Suecia, Singapur, Corea del Sur y EE. UU., algunos de los cuales partieron de una situación económica y social peor que la española y que hoy están mejor que nosotros. Y aunque, como se detalla en el reportaje, las fórmulas difieren, todas comparten un denominador común: financiación generosa, profesores muy cualificados y… disciplina, esfuerzo y respeto a los maestros.
Con mis limitaciones, me he ocupado en más de una ocasión y en estas mismas páginas del bajo nivel de la enseñanza en España -después del Plan de 1938 y de las reformas de Ruiz-Jiménez y Villar Palasí, no hemos levantado cabeza – y hay que resaltar que en todos los países citados coexisten escuelas públicas y privadas, pero exigiendo a todas calidad en la enseñanza; la implicación de los padres (“los padres son nuestros aliados” según el responsable finlandés); el respeto a los profesores y el premio al esfuerzo (“un político jamás se atrevería a criticar a un profesor” y “garantizamos la igualdad de oportunidades, pero somos una meritocracia”, para el experto de Singapur); la responsabilidad (“para sobrevivir a los cambios, solo puedes confiar en ti mismo y en tu preparación”, señala el representante coreano); y la motivación y, de nuevo, la estructura familiar (“motivar es más importante que transmitir conocimientos” y “la familia es más importante que la escuela”, según un Premio Nobel de economía y profesor de la Universidad de Chicago).
Habrá que esperar, pero el “despensa, escuela y siete llaves al sepulcro del Cid” del regeneracionista Joaquín Costa vuelve a cobrar actualidad, cuando la despensa se resiente; la escuela ofrece una elevadísima tasa de fracaso escolar e influye en el paro juvenil y en el negligente comportamiento cívico; y con la Memoria Histórica, más que cerrar con dignidad y respeto todos los sepulcros, se han reavivado viejos enfrentamientos, lejos del “paz, piedad y perdón” del testamento de Azaña, a quien, con ese espíritu de conciliación, se le ha querido honrar llevando su busto al Congreso de los Diputados que un día presidió. Y para corregir hay que actuar con determinación, urgencia y eficacia.