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Residuos eléctricos… > Pedro Millán del Rosario

   

Estas islas tienen un grave problema ambiental y económico con los residuos, conocidos popularmente como basura, que no es reciente pero que se ha agravado con los años y con la actual cultura del consumo, en la que el usar y tirar se ha convertido en un hábito de comportamiento más. La crisis ha frenado en cierta manera esta tendencia pero no la ha contrarrestado totalmente. Los residuos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, tienen un ritmo de crecimiento tres veces mayor que el resto de residuos. Hasta ahora existían dos formas de tratar los residuos en Canarias: la principal, enterrarlos, con la excepción de los más peligrosos y contaminantes que se transportaban por barco a la Península; la segunda y más preocupante, la vieja tradición canaria de arrojarlos a un barranco o a un lado de una pista. Cada vez son menos los desaprensivos que realizan esta abominable práctica pero, por desgracia, aún no han desaparecido, como bien sabemos los que nos dedicamos en nuestro tiempo libre a recorrer la naturaleza de Tenerife. En las islas, por nuestra condición insular y alejada, nos ha costado más que en el resto de España entrar en la dinámica actual, promovida por la Unión Europea, de convertir el residuo en un recurso, que no fuera solo una carga y un serio problema, como hasta ahora. A esto se añadía una seria agravante, los motores de nuestra economía, el turismo y la construcción, generan grandes cantidades de residuos, no siempre sencillos de tratar pues hacen falta plantas de tratamiento dotadas de tecnologías específicas y punteras, con elevados costes. Para paliar este problema, el Cabildo de Tenerife tuvo una idea brillante: realizar un concurso público para empresas de reciclado que quisieran instalarse en el Complejo Ambiental de Arico, beneficiándose de una cesión ventajosa de suelo, mediante concesión administrativa, y de una fiscalidad beneficiosa para los inversores. Seis empresas salieron ganadoras de este concurso, pero solo una prosperó, quizás por la crisis, pero también porque los proyectos no estaban bien cimentados.

Es un hecho histórico y sin precedentes para todo el archipiélago en materia ambiental: la única empresa superviviente, E-Waste Canarias, ha erigido en el Sur de Tenerife una industria puntera capaz de desmontar todos esos aparatos sin contaminar y reciclar sus diferentes materias primas. Reaprovechará los aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, todo aquello que se puede enchufar o que lleve pilas. Sus máquinas se pondrán en funcionamiento para reciclar, descontaminar y descomponer miles, decenas de miles, de neveras, lavadoras, televisores, teléfonos móviles, etc. A partir de ahora el problema ya no es que no exista en Canarias el proceso de descontaminación y reciclado. Ahora hay que garantizar que no se entierra una lavadora más, y es aquí donde entran en juego los municipios.

En la actualidad, los ayuntamientos y entidades locales están obligados, en cumplimiento de la legislación vigente (Real Decreto 208/2005) a la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos. La realidad demuestra que no se cumple, a pesar de que pueden ser sancionados por ello. Es un manifiesto incumplimiento de la norma que los ayuntamientos recojan un armario o un colchón sin separarlos de otros residuos peligrosos, como frigoríficos y televisores, ya que éstos requieren un proceso de descontaminación específico. Aparte de ser ilegal, para empezar, hay que añadir que los aparatos eléctricos o electrónicos deben ser descontaminados porque -de otra forma- suponen una seria amenaza ambiental. Por ejemplo, una nevera prensada en un chatarrero (como se hace habitualmente en nuestra isla) genera más gases de efecto invernadero que un coche circulando 15.000 kilómetros, por no hablar de los aceites que se infiltran y contaminan el suelo y las aguas subterráneas; el fósforo y el cadmio de un televisor mal gestionados basta para contaminar unos 80.000 litros de agua, etcétera.

La ley que plantea el problema a los municipios, faltos de recursos, también ofrece a la vez la solución: prevé una compensación económica a las entidades locales por proceder a la recogida, a lo que hay añadir el ahorro que supone dejar de pagar los 32 euros/tns que cuesta llevar esos residuos al vertedero. Esta compensación la abonan los sistemas integrados de gestión, que agrupa a los fabricantes de los mismos aparatos que van a ser reciclados, pero que la pagamos los consumidores cada vez que compramos un objetivo susceptible de ser reciclado. De esta manera se logra nada menos que la cuadratura del círculo: los ayuntamientos cumplen la ley (algo novedoso, por cierto), a la vez que reciben una compensación económica a los costes que hasta ahora asumían los contribuyentes, y también protegen el medio ambiente. ¿Se puede pedir más? Para un gran municipio como Santa Cruz de Tenerife estaríamos hablando de unos ingresos para el erario público de muchos miles de euros al año, en función también del grado de concienciación ciudadana en separar estos residuos. Para que los ayuntamientos del Archipiélago puedan acogerse a este sistema es imprescindible la firma de un convenio con alguno de los sistemas integrados de gestión autorizados en Canarias, ejemplo de ello es la Fundación Recicla (www.fundacioncanariarecila.org), único sistema de gestión integrado canario que ya tiene firmados convenios con los ayuntamientos de Los Silos, Vilaflor, San Miguel, Puerto del Rosario, etc. En breve, porque ya ha pasado el tramite jurídico, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife firmará el convenio y se convertirá en la primera ciudad importante de Canarias en comenzar a recoger de forma selectiva los residuos eléctricos y electrónicos, marcando una nueva pauta de relación con el medio ambiente, y esperamos que su ejemplo cunda y se extienda con rapidez por el resto del territorio insular. Muy de vez en cuando suceden buenas noticias ambientales en estas islas.

*Geógrafo y máster en Desarrollo Local