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Soberanía canaria sobre las aguas archipielágicas > Fernando Ríos

   

Un diputado del PP ha reprochado al Presidente de Canarias que utilice la expresión soberanía canaria al referirse a las competencias sobre las aguas archipielágicas, acusándolo de utilizar vocablos inadecuadamente, hasta el punto, y cito textualmente, de calificar su uso como un “tremendo disparate”, pues, en su opinión, eso solo es aplicable a los Estados, cosa que como todo el mundo sabe, Canarias no es. Acaba su arenga el parlamentario concluyendo que una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Director de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, en Tenerife, supone una bofetada al Gobierno al ignorar la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias. Sin embargo, a mi modesto entender, su señoría, que se cree un ilustre jurista, por lo menos por ostentoso, yerra en varias cuestiones que paso a exponer. Aludir a la “soberanía canaria” referida a las aguas que circundan el Archipiélago refleja perfectamente el cambio operado por la ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canaria, en virtud de la cual a su entrada en vigor, el 1 de abril de 2011, el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma está constituido no solo por las islas, sino también por los espacios marítimos que se encuentran encerrados dentro del perímetro archipielágico, así como por el mar territorial y la Zona Económica exclusiva. Lo que viene a significar básicamente dos cosas: una, el reconocimiento expreso por parte del Estado, de las Cortes Generales, autoras de dicha Ley, de que política y jurídicamente dejamos de ser meras islas para convertirnos en Archipiélago. Y dos, que sobre esos espacios vamos a tener las mismas competencias, cosa que no ocurría hasta entonces, que sobre los espacios terrestres. Es decir, que con la Ley de aguas canarias pasamos a ser competentes sobre materias tales como prospecciones petrolíferas, conservación de espacios naturales marinos, generación de energías renovables, flora y fauna marina, pesca (pues se amplían considerablemente las aguas interiores), yacimientos arqueológicos, etc.

Dicho en otros términos, con la expresión soberanía canaria se quiere decir algo que todos los ciudadanos entienden, que los canarios, organizados políticamente en Comunidad Autónoma, dejamos de estar ajenos a nuestro entorno marítimo, como ha venido pasando hasta ahora, y que vamos a poder controlar el mar canario de la misma manera que desde hace casi 30 años ejercemos la autonomía política sobre los espacios terrestres, sobre las Islas.

Jurídicamente, no es cierto que el término soberanía se utilice para los Estados. La Constitución, en su artículo 1.2, establece que la soberanía reside en el pueblo y, según Hans Kelsen, este sí, eminente jurista, solo se ejerce la soberanía por el pueblo cuando elabora o revisa una Constitución, lo que se denomina poder constituyente. El propio Kelsen, ya desde mediados del siglo pasado, precisamente al aludir a los espacios marítimos, abogaba por sustituir la expresión soberanía por competencia. Pues bien, aprobada la Constitución, la soberanía popular, como poder absoluto, queda aletargada, latente, hasta que se ponga en marcha un nuevo poder constituyente, lo que significa que ningún poder estatal, ni siquiera las Cortes Generales, son soberanos, pues están sujetos a la propia Constitución (art. 9.1).

Por último, y quizás lo más grave, llama la atención la desfachatez con la que el diputado popular manipula obscenamente una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre pesca en la que sale a colación el tema de las aguas canarias. A parte de que hay una jurisprudencia constante del Supremo que avala la existencia de las aguas archipielágicas, esa misma sentencia de 7 de octubre expresamente, en su Fundamento de Derecho séptimo, alude a que por no estar vigente la Ley 44/2010 al tiempo de producirse la aprobación en 2004 del Plan Director de Montaña Roja, origen del pleito, ni cuando se dictó en 2007 la sentencia recurrida del TSJ de Canarias, no resulta de aplicación al caso, ni pudo ser alegada por la representación de la Comunidad Autónoma. Es decir, en contra de lo que dice su señoría, el Tribunal Supremo no tiene en cuenta la nueva Ley al resolver el caso. En definitiva, y pese a algunos enterados -cómo coinciden y se tocan los extremos en su rechazo-, el reconocimiento de nuestras aguas archipielágicas supone un paso más hacia la construcción nacional canaria, calando cada vez con mayor fuerza en la conciencia de los canarios la idea de que hemos dejado de ser meras islas para convertirnos en archipiélago y que, como pueblo, tenemos en nuestras manos la capacidad de decidir el futuro. El tiempo dirá hasta dónde.

*Miembro del Consejo Político Nacional de CC