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Un juzgado reconoce una deuda del Ayuntamiento de Arona con una empresa

   

VICENTE PÉREZ | Adeje

Un juzgado ha reconocido a la empresa Chijafe, anterior adjudicataria del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público de Arona, una deuda impagada por el Ayuntamiento sureño de 1,2 millones de euros por obras encargadas por decreto en los años 2006 y 2007.

Este asunto salió a relucir ayer durante el pleno municipal en que se aprobó, con los votos favorables de CC y CAN, la cuenta general del Consistorio correspondiente a 2010, contra la que esta empresa alegó en relación a esas facturas pendientes de pago, según explicó a este diario el portavoz del gobierno (CC), Antonio Sosa, quien confirmó la existencia de un auto judicial y que la cantidad fijada es “una medida cautelar”.

Así las cosas, PSOE, Ciudadanos por Arona y PP acusaron a CC de haber “escondido” estas facturas, cuya cobertura son decretos -la mayoría del alcalde- en la contabilidad municipal hasta que el empresario acudió a los tribunales. Ante la acusación, Sosa circunscribió este asunto a una decisión judicial en contencioso administrativo.

“Esperpéntica”

El portavoz del PSOE, José Julián Mena, calificó de “esperpéntica” la existencia de “estas múltiples facturas sin pagar, algunas de 2006 -unas 50- refrendadas por decreto del alcalde, sin que conste razón alguna que lo justifique. Es un misterio que CC no ha aclarado, con cuantiosas facturas en los cajones que no conocíamos, y que puede derivar en otra situación judicial”, apostilló.

La edil del PP Raquel García añadió que “la propia interventora municipal, en la Comisión de Cuentas, reconoció que esas facturas no han llegado a Intervención y por eso no aparecieron en la liquidación de 2010, y algunas se refieren a obras en suelo rústico que no se podían realizar”. García precisó que hay ya una sentencia, y que el Juzgado, a falta de fijar la cuantía definitiva, “pide una garantía o aval”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Reverón, consideró que “en lugar de dar la cara, se ha intentado esconder pruebas de un estilo de gobierno que ha afectado a los intereses generales de Arona”. A juicio de Reverón,“lo más grave es que estamos hablando de facturas impagadas, ejecución de obras ilegales y sin ningún soporte jurídico o procedimental …, es decir, sin expediente administrativo alguno”.