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Vicente Rodríguez: “En la isla de La Palma no sobra ningún ayuntamiento”

Vicente Rodríguez Lorenzo, alcalde de Punta Gorda y comisionado insular de la FECAM. | DA

EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma

El comisionado insular de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en La Palma, y alcalde de Puntagorda durante los últimos diez años, se muestra preocupado por la cada vez más precaria situación económica de los ayuntamientos palmeros, que nadan contra corriente para evitar eliminar la prestación de servicios en materia social que, pese a no ser de su competencia, han asumido durante años y que ahora están en peligro por los recortes presupuestarios en el ámbito regional.

-¿Hay motivos para pensar en que la grave situación por la que pasan los ayuntamientos palmeros en materia económica pueda mejorar?

“La realidad es que los ciudadanos de todos los municipios palmeros han venido recibiendo servicios gracias a los ayuntamientos, aportándoles una mejor calidad de vida. Eso se ha derivado del hecho de que los ayuntamientos hemos prestado servicios que no son de nuestra competencia. Ahora disminuyen los ingresos que nos llegan de otras administraciones, justo cuando las situaciones económicas de nuestros vecinos están empeorándose. Hay cada vez más personas en paro y nuestro nivel de recaudación ha bajado mucho. Vamos a tener severas dificultades, no solo porque disminuyen los ingresos y los gastos siguen siendo los mismos, sino porque incluso las posibilidades de generación de actividad económica son mucho más limitadas”.

-Ante este agravamiento ¿no piensan los alcaldes de La Palma en ampliar la comarcalización de servicios para reducir gastos?

“Siempre hemos pensado que comarcalizar servicios es la vía para conseguir esa meta, y esos deberes los tenemos en parte hechos porque ya ocurre en materia sanitaria, en educación, en deportes… Pero hay otras posibilidades. Tenemos comarcalizados otros servicios que están tutelados por el Cabildo de la Palma a través del consorcio insular de servicios entre los que figuran la recogida de residuos o el servicio de bomberos, pero no podemos quedarnos solo en ese ámbito. Tendremos que poner sobre la mesa más alternativas”.

-¿Y la posibilidad de reducir el número de ayuntamientos? Catorce corporaciones locales para una Isla con 87.000 habitantes les parece a algunos un gasto sobredimensionado. Gran parte de los presupuestos municipales van a gastos de personal.

“En la isla de La Palma no sobra ningún ayuntamiento por una razón muy sencilla: es imposible concebir los servicios que prestamos si disminuyen los municipios. Estamos definidos claramente desde un punto de vista territorial, pero también de idiosincrasia particular y con posibilidades de aportar actividad económica desde distintos sectores. Algunos municipios con condiciones y espacios para tener un potencial turístico vinculado al sol y a la playa; otros a un potencial turístico vinculado a la naturaleza; otros con capacidad para el desarrollo de un monocultivo de medianías y de comercialización a nivel regional, y otros con posibilidades de seguir trabajando en el monocultivo del plátano y de tener ingresos gracias a una mayor exportación. La realidad rural de la hipotética disminución de municipios viene planteada por la realidad rural del territorio peninsular, donde hay más de 4.000 municipios con menos de 500 habitantes. Eso no tiene nada que ver con la realidad de Canarias y de La Palma. Nuestra orografía nos obliga a tener el número de pueblos que tenemos. La finalidad y la línea de trabajo a desarrollar es garantizar la financiación de los ayuntamientos para poder dar servicio a los ciudadanos”.

-La solución no parece fácil.

“La solución pasa por que todos tengamos claro el origen del problema de los ayuntamientos, que no es otro que el haber asumido competencias que no nos corresponden y que sufragamos aportando partidas importantes de nuestros presupuestos locales. Hay que seguir luchando para que desde el Gobierno de Canarias nos den los porcentajes de financiación que hasta ahora nos venían dando y ahí hay varias cuestiones fundamentales, como -por ejemplo- el Plan de Emergencia Social. No podemos permitir que en estos tiempos de dificultad ese plan haya desaparecido, así como el plan de rehabilitación de viviendas en el medio rural. No podemos permitir que las escuelas infantiles, financiadas en un 70% por los ayuntamientos y recibiendo solo el 30% de las arcas regionales, se vean ahora en peligro porque el Gobierno de Canarias lo está cuestionando. Si los ayuntamientos no sobreviven ¿quién va a prestar los servicios a los ciudadanos?”.

– La Fecam ha iniciado una recogida de firmas en La Palma para que los ciudadanos tomen parte en la defensa de las escuelas infantiles.

“La respuesta y el apoyo de la población en La Palma está siendo masiva, y eso después de saber, porque no lo sabían, que el 70% del coste de las escuelas infantiles donde se han educado sus hijos hasta que han cumplido los cuatro años ha salido de las arcas de los ayuntamientos. Se quedan asombrados porque no entienden que el Gobierno de Canarias ponga problemas para seguir aportando el 30% de la financiación que destinaba a las escuelas infantiles. El Gobierno de Canarias equivoca su plan de prioridades y da fondos, por ejemplo, para la Policía Canaria. El nivel de delincuencia en Canarias no fuerza a tener esa policía, que a muchos nos sigue pareciendo algo superfluo. Pese a todo se están invirtiendo muchos millones. Mientras tanto, los ayuntamientos no hemos podido asumir el pago a los proveedores. La situación ahora es mala, las empresas necesitan cobrar, pero nosotros tenemos menos ingresos. Hay muchos ayuntamientos con una gran deuda a proveedores, y eso repercute en la economía”.

-En este marco de desánimo ¿hay algún mensaje optimista que transmitir a los ciudadanos?

“Rotundamente sí hay un mensaje optimista. Estos son momentos de dificultad, pero la situación de La Palma podría ser muy distinta si el Gobierno de Canarias prioriza correctamente, apostando por el Plan de Desarrollo Rural Sostenible, en el que tiene que participar para que Canarias y La Palma reciban unos fondos del Estado de los que no nos podemos privar”.