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“Las pymes canarias están asfixiadas por las cargas sociales”

Ángel Bello, portavoz del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. / DA

JOSÉ L. CONDE | Arona

“Las pequeñas y medianas empresas canarias siguen sin tener ayudas económicas para paliar la situación de crisis en la que viven y, a día de hoy, ya han cerrado sus puertas más de 7.000 radicadas en Canarias”, ha declarado a este periódico Ángel Bello, portavoz del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Asimismo señala que esta es la principal reivindicación que transmiten los asociados y que hay que recordar que las pymes suponen el 90% del tejido empresarial del archipiélago.

Ángel Bello afirma a este periódico que las pequeñas y medianas empresas no pueden esperar más y que, cada fin de mes, se encuentran con dificultades para pagar las nóminas, así como los impuestos. En este sentido, señala que no se pueden tener las mismas cargas sociales para épocas de bonanza o “para cuando la facturación ha caído un 70%”.

Preguntado sobre si las medidas económicas que ha aprobado el Gobierno central de Mariano Rajoy benefician a los empresarios de las Islas, señala que “el problema de las pymes tenemos que arreglarlo en casa y no esperar aunque creo que surtirán su efecto a medio plazo”. Asimismo, señala que aunque no son competencia directa del Gobierno de Canaria, si es nuestro interlocutor para exigir estas demandas que aliviaran la situación económica de muchas empresas. El portavoz del Círculo de Empresarios insiste en que las pymes es la principal fuente de riqueza de Canarias ya que las grandes empresas se cuentan con los dedos de una mano. “Y esto hay que ponerlo en valor ya que es la única vía de empleo para nuestras familias. Todos nos podemos trabajar en las grandes empresas porque sería inviable”, sentencia el portavoz del CEST.

Ángel Bello señala que hay que articular fórmulas de ayudas directas a las pymes porque si se sigue el camino del cierre y la amargura, a Canarias le queda un futuro bastante complicado porque no hay otro tejido empresarial. Otro de los aspectos que preocupa al Círculo de Empresarios del Sur es la falta de una regulación clara del suelo en Canarias, y especialmente del que compete a la Dirección General de Costas. Sobre el primer punto señala que a la asociación han llegado quejas de muchos agricultores que quieren explotar un terreno y se encuentran con dificultades para, por ejemplo, construir un tanque de agua para el riego de cultivos o plantar lechugas porque no hay amparo jurídico. Sobre el segundo punto Ángel Bello lamenta que por ejemplo para celebrar una boda o una fiesta en la piscina o en una zona verde de un hotel o en una playa haya que pedir permiso a la Dirección General de Costas, radicada en Madrid.

“Esto es de locos -afirma- y todo porque las competencias no han sido transferidas a la comunidad autónoma. Al final son tantos requisitos que los propietarios de los hoteles no organizan estos eventos que suponen la contratación de empleados y la consecuencia es que se frena todavía más la economía”.

Por último afirma Ángel Bello, que hay demasiados vacíos legales sobre la ordenación del suelo que no existen en otras comunidades autónomas españolas, y “este siempre ha sido uno de nuestros principales caballos de batalla”.

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Cabildo

El presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, se reunió recientemente con la junta directiva del Círculo de Empresarios del Sur (CEST), encabezada por Pedro Suárez, para abordar diferentes cuestiones vinculadas al desarrollo de esta zona de la Isla. Los representantes del Cabildo coincidieron con los empresarios en la necesidad de impulsar de manera decidida algunas infraestructuras necesarias para la Isla como es el caso del Puerto de Granadilla y la puesta en marcha del Hospital del Sur. De esta forma, el Cabildo refuerza sus contactos con el tejido empresarial del sur para conocer sus demandas y estudiar alternativas viables en el ámbito de sus competencias. En la reunión se trataron otras materias vinculadas a las ayudas a las pymes, la ordenación territorial, la simplificación de la actuación administrativa, y la problemática de los alojamientos extrahoteleros.

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