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Cerca de 20.000 dependientes canarios esperan aún una ayuda

Los dependientes moderados no percibirán nada hasta 2013. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Los recortes han llegado para quedarse. La crisis ha puesto en jaque a las administraciones públicas, que hacen números y no les salen las cuentas. Y, como suele ocurrir casi siempre, serán los ciudadanos de a pie los que sufran las consecuencias.

Entre los damnificados, uno de los grupos más perjudicados es el de las personas dependientes, la mayor parte de las cuales no percibirán las ayudas prometidas por una ley que continúa en pañales. En concreto, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a 1 de enero de 2012 en Canarias sólo 11.009 dependientes se benefician ya de una prestación, a pesar de que 30.840 han sido reconocidos como tales (en sus diferentes grados). Ello supone que 19.831 personas no hayan recibido todavía la ayuda reconocida, una cifra que sitúa al Archipiélago con la ratio más baja de beneficiarios de todo el conjunto del Estado.

Por si esto fuera poco, según los datos estadísticos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, recogidos mensualmente por el Ministerio de Sanidad, en las Islas hay 37.771 solicitudes, de las que 6.931 se encuentran todavía en la fase inicial del proceso. Éste puede demorarse hasta en un año, mientras que el derecho reconocido puede ser desde un servicio que ya contempla el Servicio Canario de la Dependencia, una prestación nueva como la ayuda a domicilio o, excepcionalmente, una ayuda económica. A partir de ahí, la persona de nuevo tendrá que esperar la recepción de los diferentes informes y documentos que hay que presentar.

Nuevo retraso

Lejos de mejorar, con la llegada al Gobierno del Partido Popular (PP) la situación podría empeorar en los próximos meses, dado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció hace dos semanas que los dependientes que han sido evaluados como moderados y aquellos sin grado reconocido, que tenían derecho a percibir una ayuda desde el pasado 1 de enero, según el calendario previsto en la ley, no la recibirán al menos hasta 2013. Además, los moderados de nivel 2 -que ya entraron en 2011- que no hayan sido valorados todavía tendrán que esperar un año más. Ello quiere decir que todos ellos no podrán acceder a las prestaciones y los servicios a los que hubieran tenido derecho de cumplirse los plazos iniciales de la Ley de Dependencia.

Hay que recordar que desde 2007 tienen derecho a recibir una ayuda los grandes dependientes, y desde 2008-2009 los dependientes severos. En Canarias, este nuevo retraso lo sufrirán 5.697 personas, de las que 2.823 tienen reconocido el grado I, nivel 1, de dependencia.

Según denuncia Raúl Cordero, portavoz de la Plataforma Tenerife Discapacidad, “muchas personas se van a quedar en un limbo, sin servicios ni ayudas”. “Canarias continúa estando a la cola, tanto en número de valoraciones como de prestaciones”, recalca Cordero, cuya asociación exige que se convoque ya la Mesa de la Dependencia, que no se reúne desde el pasado mes de marzo. En ella se deben debatir los borradores de los decretos de mayores, sobre el copago y la homologación de los centros, elaborados por el Gobierno autonómico, necesarios para el desarrollo de una ley que la plataforma considera “insuficiente”.

En febrero de 2011, el Gobierno central aprobó las prestaciones para los moderados de ambos niveles, tales como servicios de promoción de la autonomía, teleasistencia, plazas residenciales o de día, y ayudas económicas, aunque con menores niveles de intensidad que en los grandes dependientes y severos, y con limitaciones en las ayudas económicas.

Sin embargo, el Gobierno canario no ha decidido todavía nada al respecto, pero es de esperar que siga la misma línea estatal, por un razón clave: que no podría contar con la parte de financiación del Estado correspondiente para las prestaciones y los servicios si decidiera darlos por su cuenta.

Suspenso

La Ley de Dependencia estableció que el Estado abonará un mínimo de cada prestación. El resto lo aportarán las autonomías y los propios beneficiarios (copago). Con este aplazamiento de fechas, lógicamente se aplaza también la financiación de dichos mínimos. A ello hay que añadir que, además, desde 2007 y hasta la actualidad el Estado no ha abonado a Canarias el total que le corresponde legalmente (33%) en las prestaciones que ya funcionan, sino menos.

Canarias, con 0,5 puntos, acabó el año 2011 con un suspenso en el desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, según el VIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que analiza semestralmente la aplicación de la norma en todas las comunidades autónomas.