No entiendo esa calma chicha con que el Gobierno de Canarias se toma la necesidad de reestructurarse a sí mismo y reestructurar sus empresas públicas para adaptarse al difícil trance económico que atravesamos. Y lo mismo cabe decir de varios cabildos y ayuntamientos, que todavía no acaban de aceptar -¡a estas alturas de la crisis!- que los tiempos han cambiado, que nada volverá a ser como antes y que resulta impepinable iniciar a toda prisa los recortes que exige la coyuntura. Unos ajustes que pasan por la supresión de empresas inútiles y de organismos inoperativos, por la fusión de consejerías y concejalías, por mancomunar servicios y reducir plantillas -empezando por el personal de confianza, enchufado o innecesario-. No niego que se haya hecho algo al respecto, pero se me antoja una pequeñez para lo que le espera a un sector público endeudado y sobredimensionado en exceso. No hay más que recordar las exigencias llegadas desde Europa como exigencia al Gobierno central, que por su parte implanta otras de órdago, antes de que el país se vaya al garete. Ya sé que la prudencia aconseja, como resalta el refranero, hacer las cosas ni tan deprisa que te des porrazo, ni tan despacio que apenas des paso; pero es que la demora y parsimonia con que operan el Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos alcanza proporciones inauditas. Hasta el punto de que hemos caído en las redes de uno de los adagios chinos más críticos: el que considera que hay que hacer rápidamente lo que no corre prisa a fin de poder hacer lentamente lo que más urge. El mismo jueves, el portavoz del Gobierno de Canarias reconoció que el Ejecutivo seguía estudiando -y van ya años de dedicación- la racionalización del aparato administrativo y el futuro de 32 sociedades mercantiles, empresas públicas y fundaciones del mismo carácter. Pero lo hace a paso de tortuga y descartando de antemano, ignorando así la verdadera gravedad de la situación, cualquier posibilidad de despidos. No apelo yo al despido por el despido; pero si se trata de reducir el tamaño del sector público, inevitablemente habrá que recolocar al personal o, en otro caso, prescindir de sus servicios. Es triste y doloroso, qué duda cabe, pero la única alternativa que no debe ser considerada es precisamente es el mantenimiento de unas plantillas que no se justifican. En cuanto a la modernización y simplificación de la Administración autonómica, menudo muerto le ha caído a la comisión que preside el catedrático Rivero Ceballos, partidaria, según todos los indicios, de hacer machuca y limpia. Pero ya verán que sus recomendaciones serán capitidisminuidas para que el Gobierno quede bien con algunas gentes…