EFE | Santa Cruz
La Comunidad Autónoma de Canarias adeuda a autónomos y pequeñas y medianas empresas unos 500 millones de euros, con lo que se sitúa en una posición intermedia en cuanto a la morosidad entre las regiones españolas, según se puso de manifiesto en las I jornadas sobre la contratación pública a la luz del nuevo texto refundido, inauguradas hoy por el presidente canario, Paulino Rivero.
La Ley de Morosidad establece un límite de 60 días a las administraciones públicas para el pago de bienes y servicios, pero en conjunto, las administraciones españolas tardan de media 162 días, según Ignacio Calatayud, abogado y director de las jornadas.
En el caso de Canarias se producen retrasos, pero no está entre las comunidades autónomas más morosas, dijo Calatayud.
Señaló que aunque el límite establecido por la ley no es el real, al menos sirve de presión a las administraciones para que traten de cumplir, de manera que no sean autónomos y empresarios los que financien a la administración.
Para incentivar el pronto pago, la ley establece elevados intereses de demora que se van incrementando conforme crecen los retrasos, explicó.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que inauguró las jornadas, consideró importante que la administración mejore sus mecanismos de respuesta porque muchas empresas dependen de los contratos públicos.
La respuesta rápida y el acortamiento de los plazos contribuye a la actividad económica y a la generación de empleo, subrayó Rivero, pero precisó que una mayor agilidad debe ser compatible con que los procesos de contratación con la administración sean transparentes, objetivos y rigurosos.
“Es imprescindible que la administración se ajuste a las nuevas necesidades, que sea más eficiente y racional y que adapte sus dimensiones a la realidad, como cualquier empresa”, dijo el presidente canario.
Reconoció que muchos autónomos y empresas ven a la administración como su tabla de salvación en tiempos de crisis, y por eso es importante que esta responda, porque agilizando los pagos puede aliviar el deterioro económico.
Rivero admitió que para al que está del otro lado resulta difícil entender los retrasos, de manera que la administración ha perdido credibilidad.
Consideró que a veces existe una excesiva judicialización de los actos administrativos, pero señaló que es posible avanzar en la agilización de los pagos siempre dentro del rigor jurídico y la transparencia.
A las jornadas también asistió el director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, Abel Morales, quien aseguró que el ejecutivo regional “hace los máximos esfuerzos y cumple en la mayor parte de los casos”.
Las jornadas se han convocado para aclarar la aplicación de la Ley de Contratación Pública tras la entrada en vigor en noviembre pasado del texto refundido.
Para el director de las jornadas, Ignacio Calatayud, el principal inconveniente de texto refundido es su complejidad, aunque supone un avance en cuestiones como el régimen jurídico de los contratos y las menores prerrogativas de la administración a la hora de hacer frente a los pagos.