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Canarias pedirá a Rajoy medidas financieras propuestas por el PP

YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario pedirá al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, medidas financieras propuestas por el Partido Popular (PP) de las Islas. El Archipiélago solicitará al Estado que abone a la comunidad, en diez anualidades, el déficit de financiación sanitaria y mil millones del Plan Canarias para los próximos años.

El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, anunció que el Consejo de Gobierno aprobó ayer varios acuerdos relacionados con la proposición no de ley del PP sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el nuevo modelo de financiación autonómica, y que fue aprobada por el Parlamento canario en el pleno del 25 y 26 de octubre de 2011.

En base a esta proposición no de ley, Canarias instará al Estado a que a la hora de diseñar el nuevo sistema de financiación autonómica tenga en cuenta el hecho insular según lo establecido en el artículo 138 de la Constitución, y que obliga a que las Islas tengan más servicios públicos que otras regiones.

El Gobierno regional también pedirá que se utilicen los datos actuales de población para establecer la financiación autonómica, así como el incremento respecto a la cifra que sirvió de base para el actual sistema.

De igual modo, se solicitará al Ejecutivo central que las nuevas leyes que supongan cargas presupuestarias para las comunidades, como la ley de dependencia, compensen a Canarias además de lo que ya recibe por el sistema de financiación autonómica.

El Archipiélago reclamará también una nueva regulación del fondo de cohesión sanitaria que compense el gasto sanitario derivado de atender a la población flotante, continuó explicando Marrero.

Asimismo, se instará al Estado a que se comprometa a abonar a la comunidad, en diez anualidades, el déficit de financiación sanitaria, estimado en 1.400 millones entre 2002 y 2009.

El Gobierno canario pedirá, además, que la reforma del sistema de financiación sitúe a las Islas en la media estatal por habitante y “que se compense en una cifra que actualmente ronda entre los 550 y los 600 millones”, apuntó Marrero.

En un segundo bloque, el Ejecutivo regional requiere al Estado el cumplimiento de la financiación prevista en el Plan Canarias, “de tal manera que en los presupuestos de los próximos años haya para las Islas un volumen adicional de fondos, tanto en inversión como en transferencia de renta, por importe de al menos mil millones por encima de los recursos habituales”, señaló el portavoz.

En un tercer acuerdo, se insta al Gobierno central a que se comprometa a la efectiva y correcta aplicación del Régimen Económico y Fiscal.

Martín Marrero señaló que todas estas exigencias se trasladarán al Estado “en 48-72 horas a lo sumo”, aunque apuntó que lo más probable es que el consejero regional de Economía, Javier González Ortiz, las comunique personalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo martes.

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Redistribución. El Consejo de Gobierno aprobó la puesta en marcha de medidas para la racionalización y distribución de efectivos y puestos de trabajo en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Este acuerdo contempla la realización de análisis detallados de las disponibilidades de efectivos y puestos de trabajo y de las necesidades de personal, cuantitativas y cualitativas según perfiles profesionales y cualificación requerida, y de cargas de trabajo. Se estudiará la posibilidad de traspasar a empleados de los servicios menos ocupados a los más saturados. Las primeras áreas objeto de análisis son las de Recursos Humanos (gestión de Personal y Nóminas) Registro; Mantenimiento, Conductores y Subalternos; Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías; Subvenciones y Aportaciones dinerarias: Contratación y Encomiendas de Gestión; Inspección, y Gestión de Ingresos Públicos. Se constituirán dos grupos de trabajo: uno de coordinación y otro técnico. Los empleados públicos que sean objeto de una distribución recibirán la formación necesaria para el adecuado desempeño de sus tareas a través del Instituto Canario de Administración Pública.

El Hierro. El Gobierno acordó instar al Ejecutivo central a bonificar el impuesto de sociedades a las empresas de la Isla afectadas por la situación de riesgo volcánico, así como una exención del pago de las cuotas de la Seguridad Social durante los meses en los que su actividad se ha visto perjudicada. De igual modo, se pedirá una bonificación del IRPF y la exención en el pago del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles a las familias desalojadas, y que esa minoración de ingresos para el Ayuntamiento de El Pinar sea compensado mediante una partida en los presupuestos estatales de 2012. Otra demanda es diseñar y aplicar medidas de reactivación económica, como líneas preferenciales de préstamos a través del ICO.

La Gomera. El Gobierno sancionó también el Plan de Recuperación de la Yesquera de Aluce y de la Siempreviva Gigante, dos plantas endémicas de La Gomera, que están incluidas con la categoría de “en peligro de extinción”, tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. La única población conocida ronda los 544 ejemplares según el último censo realizado en 2007, localizándose en los riscos costeros del Aluce.

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