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COAG eleva a 152 millones el tajo en el programa rural

ROMÁN DELGADO | Santa Cruz de Tenerife

La organización profesional agraria Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG-Canarias) mostró en el día de ayer sus argumentos en relación con la reducción de los fondos públicos totales con que en breve se quedará el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias para el septenio 2007-2013.

Según esta entidad, una de las tres con la consideración de organización profesional agraria que existen en el Archipiélago (junto a la Unión de Pequeños Agricultores y Asaga-Canarias), el cambio en el modelo de financiación del PDR que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ha cursado ante instancias de la Comisión Europea no significará la pérdida de 95 millones de euros en apoyos públicos para el campo local, sino que “esa cifra es mayor y llega a los 152 millones de euros”.

Atendiendo a los cálculos de la organización COAG-Canarias, la modificación solicitada por el Gobierno autónomo a Bruselas (que tiene como origen la imposibilidad por parte de la Comunidad Autónoma de cofinanciar la relación de medidas integradas en el PDR que se aprobó inicialmente) supone una reducción de la ficha financiera primigenia de apoyo público desde los 335 millones de euros a los 183, que es el montante que se recoge en el documento que la Consejería ya ha hecho llegar a la Comisión y que esta institución posiblemente apruebe en breve.

Según las mismas fuentes, el paso de 95 millones de pérdida de apoyo público total a los 152 millones que da COAG-Canarias se justifica en que hay un fallo en el cálculo realizado por los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, que en la petición formal que trasladaron a Bruselas hablan de la evolución de un monto total de apoyo público (tres administraciones: UE, Estado y Canarias) de 335 millones en siete años, hasta 2013, a 240 millones (95 millones de diferencia), cuando la cifra a la que se llega es 183 millones (152 millones de diferencia). Tal y como afirmó la entidad COAG-Canarias, el fallo se ha producido por sumar a los 183 millones de euros que quedarán tras el impacto que produce el nuevo modelo de cofinanciación ya tramitado (85%, UE; 7,5%, Estado, y 7,5%, Canarias) la inversión privada prevista, que es por lo que se llega a 240 millones de euros.

En declaraciones a este periódico, Rafael Hernández, presidente de COAG-Canarias, calificó ayer la actuación de la Consejería de Agricultura de “despropósito descomunal”, y lamentó que “el agricultor o el ganadero que esté en Andalucía sí tenga ese apoyo público, lo que no ocurrirá en las Islas”. Hernández se refirió al impacto que puede tener la reducción de fondos en algunas líneas de apoyo del PDR en la competitividad de los productos locales, pues éstos no podrán contar con el mismo volumen de subsidios que otros competidores radicados en otras comunidades autónomas de España.

El responsable de COAG-Canarias dijo que “el problema ha sido de gestión”, y tiene que ver con que los gestores públicos “no se han tomado este asunto en serio”. “Se nos van a limitar las oportunidades”, sostuvo. Hernández indicó que “la verdadera voluntad política se debe corresponder con la presencia de una partida presupuestaria”, como ocurre con la televisión o la Policía Canaria. “En Canarias no se han tomado en serio este asunto”, remató. El presidente de Asaga-Canarias, Henry Sicilia, señaló que “no es una buena noticia” el recorte de fondos, aunque la fórmula elegida “quizá sea la menos mala” en el actual marco de restricciones presupuestarias.

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Situación trágica

La Consejería de Agricultura se alinea también con una parte de los productores, que opinan que “en una situación económica tan trágica”, como la española y la canaria, y en momentos de ajustes tan duros y “cuando no hay presupuesto de inversión y se prevén más recortes”, al menos se ha garantizado esta partida para los agricultores. El Ejecutivo entiende que el PDR se diseñó en 2007 “en época de vacas gordas”, sin atisbar la “profunda crisis” actual, que algunas voces califican de “situación extrema”. Además, las comunidades autónomas contrajeron el compromiso de prefinanciar todo el montante, “pero ahora no hay de dónde, no hay dinero en ningún capítulo, ni aquí ni tampoco en los fondos del Estado”. Por eso, oficialmente se considera que “se ha salvado una situación gravísima”.

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