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Dos policías imputados por presuntas torturas en los calabozos del Juzgado de Sevilla

EFE | Sevilla

Dos policías nacionales han sido citados como imputados el próximo lunes tras la denuncia por presuntas torturas en los calabozos del Edificio Noga, sede de los juzgados de lo penal de Sevilla.

Según han informado hoy a Efe los denunciantes, la declaración ante la juez de instrucción 6 es consecuencia de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Sevilla y el Defensor del Pueblo, que a continuación aceptaron la recomendación de instalar cámaras en los centros de detención.

El Grupo 17 de marzo de abogados por los derechos humanos presentó en diciembre de 2010 una denuncia contra la Policía Nacional por presuntas lesiones y torturas a un detenido en los calabozos del Edificio Noga.

Los hechos denunciados ocurrieron el 3 de diciembre de 2010, cuando el detenido F.J.M.G. se encontraba en los calabozos del sótano de dicho edificio esperando que le condujeran al Juzgado Penal 8, donde debía celebrarse el juicio.

Uno de los policías encargados de la conducción de presos manifestó que no quería ver ninguna colilla en el suelo, a lo que uno de los dos internos que estaban en la celda dijo “ya estamos”.

Los policías respondieron sacándolo de la celda y llevándolo a un cuartillo próximo, donde los detenidos escuchaban cómo le pegaban, según la denuncia.

A continuación otro preso manifestó que eran unos “abusones”, momento en el que los policías se dirigieron a él, lo sacaron de la celda y le metieron en el citado cuartillo, donde “le pisotearon las muñecas, tobillos y distintas partes del cuerpo, le cogieron por el pelo y con la cabeza le daban golpes contra el suelo”.

El abogado que iba a ejercer su defensa se lo encontró ensangrentado, por lo que el juicio tuvo que suspenderse y el preso regresó a la cárcel, pero debido a las lesiones fue trasladado al Hospital Virgen Macarena de Sevilla hasta en dos ocasiones.

El abogado denunciante, Francisco José Canela, presentó la denuncia en nombre del segundo de los presos y calificó los hechos como posibles delitos de tortura, contra la integridad moral, amenazas, coacciones y lesiones.

El Grupo 17 de Marzo, al que pertenece el letrado, pide en el comunicado la instalación de cámaras de vigilancia en las conducciones, pasillos y calabozos donde exista custodia de detenidos para evitar estas situaciones.