TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
La Fiscalía se ha interesado hasta en tres ocasiones por la retirada del arma reglamentaria a un sargento de la Guardia Civil destinado en Tenerife que ha sido denunciado como supuesto autor de un delito de malos tratos, sin que, hasta ahora, la titular del Juzgado que instruye el caso haya aceptado dar la orden correspondiente.
Según se detalla en uno de sus autos, la jueza en cuestión entiende que tal disposición no procede, dado que el superior directo de dicho funcionario le ha informado de que la pistola del denunciado se encuentra en su taquilla. A este respecto cabe apuntar que fuentes de la Comandancia provincial confirmaron a este periódico por vías extraoficiales que el arma se encuentra en tal lugar.
En cuanto a la posibilidad de que el sargento cuente con otra arma, tal y como permite la ley y es habitual entre los miembros del Instituto Armado, dados los riesgos inherentes a su oficio, el sargento denunciado ha declarado que sólo cuenta con la reglamentaria.
Supuesta amenaza
Como ya se informó en la edición del pasado jueves de DIARIO DE AVISOS, la hasta entonces pareja sentimental del sargento y madre de uno de sus hijos, denunció en la noche del pasado 17 de septiembre que el funcionario la habría golpeado tras una discusión. En su denuncia, la mujer sostiene que, cuando se encontraba en el suelo, el sargento “la cogió con el pelo y le apuntó en la sien con su pistola reglamentaria mientras la amenazaba de muerte”, hechos que él niega que tuvieran lugar.
Ya en su escrito del día siguiente, el fiscal asignado al caso solicita, junto con la orden de protección correspondiente, que se proceda a la retirada del arma reglamentaria.
Si bien el Juzgado accede a dictar esa orden de protección (que incluye la prohibición de acercase a menos de 300 metros o de ponerse en contacto con ella), nada se dice sobre la pistola, por lo que la Fiscalía provincial remite un escrito solicitando que se remedie tal omisión, entendida desde el Ministerio Público como “error material apreciado” en el Auto judicial en cuestión.
La respuesta llega igualmente en forma de auto, en el que la titular del Juzgado sostiene que la amenaza armada descrita por la denunciante no es un hecho acreditado y que el superior del denunciado ha declarado que la pistola se encuentra en la taquilla, por lo que a su juicio no procede ordenar que se le retire.
Dada su disconformidad, la Fiscalía ha recurrido esta decisión ante la Audiencia provincial, sin que conste que ésta haya decidido al respecto.
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La demora en la causa que demora
A pesar de que la vigente ley integral sobre violencia de género prevé para denuncias como la presentada por supuesto maltrato por parte de la pareja sentimental de un sargento de la Guardia Civil destinado en Tenerife que se solventen en un juicio rápido, la que nos ocupa tiene fecha del pasado 17 de septiembre, por lo ya va para cuatro meses sin que se pronuncie el juzgado en cuestión. La razón de tal demora es la solicitud de una pericial psicológica del denunciado que, sin embargo, sigue sin llevarse a cabo. Así, se da la paradoja de que el juicio se demora porque a su vez se demora el motivo de la misma.
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