Una decisión administrativa en la Universidad de La Laguna salta a los medios y se usa para buscar agua en el Sáhara: como si no hubiera asuntos de qué preocuparse. Si hay un calificativo fácil en España usado cuando no se tiene razón y supone agarrarse a un clavo ardiendo es el de franquista o más sabroso aún: facha. Si no cumples tu contrato de alquiler no pagas la mensualidad y la propiedad te echa un juicio por impago, eres un facha. Para ciertos beneficiarios de subvenciones públicas, alguien que usa el Estado de Derecho para defenderse de una difamación es un “facha”. En la ULL no pasa distinto. Algunos estudiantes defienden un anarquismo de teta atacando todo lo que haga la más mínima resistencia a sus caprichos. En un ejercicio circense de distorsión de la realidad, resulta que el Rector es un dictador. Porque la Junta de la Facultad de Psicología -que no el Rector- solicitó al Servicio de Inspección -que no es la Inquisición- lo que puede ser una difamación a la ULL por parte de una asamblea de alumnos cabreados por retraso en la tramitación de las becas (unas que no gestiona la ULL sino fundación Proeduca, o sea, Gobierno de Canarias). Inspección ULL dice que hay dos faltas graves: una derivada del propio acto difamatorio y otra por probidad o falta de honradez, al utilizar datos falsos para ir en contra de la Universidad. Por tanto, eleva al rector la propuesta de incoación de expediente a 23 personas miembros de la Asamblea (cuyo nombre no me da la gana de acordarme), habida cuenta de que ninguno de ellos reconoce la autoría del escrito y, por tanto, la Inspección -no el Rector- entiende que todos son coautores y cómplices en la difamación a la ULL. Y se abre expediente sancionador: he aquí la salsa del asunto. Para buscar presionar y disminuir sanción o detener el expediente se articula una campañita difamatoria y personal al Rector. A los genios estrategas de tal campaña cabe preguntar si no se dan cuenta que eliminan del rector la opción de dejar el asunto “aparcado” en la maraña de expedientes porque sería una muestra de debilidad del rectorado a la ULL, le obliga a tomar personalmente las riendas de un expediente que gravitaba en torno a la Facultad de Psicología y le fuerza a seguir hasta las últimas consecuencias, porque en algún momento en el futuro alguien le podría requerir “¿Y qué paso con aquél asunto aireado en los medios de la difamación de la ULL?” No podrá responder: “se quedó en nada”. Las organizaciones tienen normativas internas para conducir sus asuntos, y en caso de ser universidades públicas hay un régimen jurídico bastante explícito. Y no conozco en España algún procedimiento jurídico que sea inconstitucional y viole el derecho a la libertad de expresión de todas las partes. Porque si terminada la inspección ésta concluye que hay faltas graves, y además se les ofrece la oportunidad de retirar acusaciones no haciéndolo (incluso diciendo “yo no escribí eso”) equivale al que dice en el juicio: “la maté sin querer”. Haberlo pensado antes.