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No es por meterle a nadie el dedo en el ojo, pero el informe que la Audiencia de Cuentas de Canarias acaba de remitir al Parlamento sobre el ejercicio de 2007 es de los que duelen y hacen daño, mucho daño, a la imagen de una parte de nuestra dirigencia política. Deja al Gobierno autonómico y a algunas corporaciones locales a la altura del betún a la hora de manejar los presupuestos respectivos. Por la deficiente fiscalización interna, la ausencia de principios de buena gestión financiera, la falta de homogeneización de las condiciones laborales y retributivas y el incumplimiento de los requisitos legales sobre contratación administrativa, concesión de subvenciones, dirección de las sociedades mercantiles públicas y aprobación de los expedientes de convalidación de gasto y reconocimiento de créditos. El órgano fiscalizador no deja títere con cabeza y critica el tamaño del sector público: 45 empresas mercantiles y sociedades varias -dos menos que en 2010, porque la crisis parece que se la pasa el Gobierno por el arco de triunfo-, para el que calcula este año un déficit de 142 millones de euros, ahí es nada. En cuanto a las malas prácticas seguidas por el Ejecutivo, son las mismas de otros años y no resulta por tanto extraño que la Audiencia se hastíe y apunte que esta situación de tantas irregularidades “adquiere tintes preocupantes”. Porque revela favoritismos, amiguismos y toda la ralea propia de la discrecionalidad y la injusticia en las contrataciones de personal. Los amigos, siempre los chupópteros y los compañeros de partido para repartirse prebendas, asesorías y demás favores. Y para favorecer a los suyos, estos politiqueros violan impunemente los procedimientos administrativos reglados; vulneran los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación; incumplen las condiciones de contratación establecidas, y se aprovechan de la inadecuada estructura organizativa existente. Porque una cosa son los buenos propósitos que anuncia el Ejecutivo y otra la realidad de su mala gestión por la persistencia de comportamientos y actuaciones propias de una corrupción enquistada en las altas esferas del poder. Carlos V decía que no puede haber buen gobierno si no se dan en él tres requisitos inexcusables: ciencia, experiencia y conciencia. Me temo que en el caso del Gabinete canario las tres siguen ausentes, aunque sus portavoces insistan en que las cosas no van mal, hace las reformas oportunas, controla el gasto y practica la austeridad. Más que una cachetada desautorizadora, la Audiencia de Cuentas deja al Gobierno desnudo, en pelota picada, ante la triste realidad de su propia pequeñez e ineficiencia.