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Jueces y fiscales denuncian las deficiencias de seguridad en los juzgados

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

Tres asociaciones de magistrados y una de fiscales han denunciado este jueves que la agresión sufrida esta semana por un juez de Arucas (Gran Canaria) pone de manifiesto “los deficientes sistemas de seguridad” y la carencia de medios materiales que soportan los juzgados.

En un comunicado, Jueces para la Democracia, la Asociación Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Unión Progresista de Fiscales expresan su solidaridad con el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas, Mariano López Molina, ante la agresión que padeció el lunes pasado.

Ese día, un vecino de Arucas, armado con un martillo y tres cuchillos, amenazó al juez López Molina y destrozó a golpes su coche, que estaba aparcado junto a los Juzgados, sin que a el vigilante de seguridad pudiera reaccionar a tiempo para evitarlo, aseguran estos cuatro colectivos profesionales.

Jueces y fiscales subrayan que este tipo de situaciones ocurren con más frecuencia de la que transciende a la opinión pública y que lo sucedido en Arucas es una muestra de las deficiencias de seguridad que existen en muchos juzgados y tribunales.

“Resulta verdaderamente lamentable que el Poder Judicial se encuentre expuesto a este tipo de represalias por su actuación”, aseguran, antes de recordar que los jueces toman decisiones “particularmente delicadas” sobre personas imputadas en hechos criminales y que, con frecuencia, sufren problemas psíquicos no atendidos adecuadamente por las instituciones competentes.

Esos mismos jueces, subrayan, “acuden a diario a su trabajo en su vehículo particular y, a menudo, no disponen siquiera de una plaza de aparcamiento en un lugar cerrado o vigilado, ni de medios de protección frente a determinados tipos de reacciones a las que se ven expuestos”.

Estas cuatro asociaciones de jueces y fiscales dicen que las “deficientes condiciones de seguridad” en las que trabajan muchos de sus compañeros contrastan de manera “llamativa” con las que condiciones que tienen “otras autoridades que no adoptan decisiones de tanta responsabilidad, que desgraciadamente conllevan riesgo personal”.

Los firmantes de esta denuncian ponen estos hechos en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del Ministerios Fiscal, del Gobierno de Canarias y de la Delegación del Gobierno central en las islas, para que cada administración “asuma sus propias responsabilidades y adopte las medidas necesarias”.