En un mundo sensato, en el que primara el ser humano por encima de lo numerológico, echar a la calle a una decena de trabajadores sería, sin duda, la peor opción. En un mundo lógico no primarían los fines sobre los medios, el interés sobre el bienestar; el concepto de la rentabilidad se extirparía de una vez por todas del sector público, y sería delito cuadrar las cifras presupuestarias por la vía más fácil y dolorosa: el vil despido. En un mundo justo sería impensable que una representante sindical antepusiera su empleo y el de sus amigos al de los compañeros a los que -en teoría- representa; y mucho menos que se atreviera a tomar decisiones sin contar con la aprobación de la mayoría, sin trasladar las propuestas a una asamblea.

Pero esto ha sucedido en la empresa pública Viviendas Municipales de Santa Cruz, donde nueve personas han sido echadas a la calle, mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Ayuntamiento capitalino, a través de la Concejalía de Vivienda, con el apoyo del grupo de gobierno y el repudio de la oposición. Hoy mismo la Dirección General de Trabajo tendrá que decidir si ampara a los trabajadores, revisando el ERE. En caso negativo, acudirán a la Justicia.

Se argumentan razones económicas, en concreto, resultados negativos entre los años 2008 y 2010; pero se excluyen del análisis las facturas pendientes de pago por parte del propio Ayuntamiento (nada menos que un millón de euros) o la gestión del Parque de Vivienda, entre otras consideraciones. Se opta, en definitiva, por cortar por lo sano, de igual modo que se haría con el material fungible y no fungible; como si las personas afectadas y sus familias no valieran nada en sus interpretables cálculos y balances; notas marginales a pie de página en el apartado de recursos humanos. Pretenden trasladar a la administración pública la perversa y única lógica del beneficio, dentro de la misma dinámica soez con la que nos pretenden convencer de que los servicios públicos, la sanidad, las guaguas y los aeropuertos, han de ser rentables, menospreciando la llamada rentabilidad social.

Y con extraordinaria celeridad y en medio de una tormentosa situación de crisis y de desempleo generalizado (será verdaderamente complicado que estas personas encuentren otro trabajo a corto plazo), se echa a la gente a la calle sin un mínimo análisis previo sobre la posibilidad de acometer un ERE sin despidos, mediante prejubilaciones, eliminación de pluses y ayudas, o la reubicación de parte del personal; sencillamente no se ha considerado su recolocación en otros departamentos; no han dado tiempo ni oportunidad a que la comisión de estudio creada para reorganizar la estructura municipal concluya su cometido. Y todo ello con el visto bueno de sus representantes sindicales: Miguel Ángel Cano y Maribel Díaz Robayna, quienes decidieron no informar ni consultar a sus compañeros sobre los graves acuerdos que iban a firmar con la empresa cuando, emulando al capitán del Costa Concordia, lanzaron a nueve de ellos por la borda, quedándose ellos bien a salvo dentro del barco.

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