La suerte de Spanair, como en la novela de García Márquez, era la crónica de una muerte anunciada. Vendida por el simbólico precio de un euro y con un recorrido histórico lleno de vicisitudes, incluido el terrible accidente de Barajas, fue adquirida en 2008 por la Generalitat catalana con la ridícula pretensión de convertirla en una compañía de bandera de la comunidad autónoma y cimentar sobre ella un hub idílico en el aeropuerto del Prat para competir con Fráncfort, Ámsterdam, Londres y otros aeropuertos internacionales. La cosa era dejar claros absurdos delirios de grandeza, desplazar al aeropuerto de Madrid-Barajas y demostrar al mundo que Cataluña tenía su propia marca y su particular modo de hacer, al margen del Estado. Tanto ultranacionalismo extravagante a cargo del Gobierno tripartito, regado con dinero público a espuertas, tenía que acabar como el rosario de la aurora: con casi 300 millones de euros de deudas. A la aventura fueron arrastrados el Ayuntamiento y la Feria de Barcelona e instituciones como Catalana de Iniciativas, Volcat e inversores particulares. Menos mal que el Cabildo de Tenerife y otras instituciones canarias no se sumaron al dislate empresarial tal y como les habían pedido, en viajes a las Islas y reuniones preparadas al efecto, los propietarios de Spanair. Cerrado el grifo de las subvenciones, la compañía aérea decidió dejar de operar tras reconocer que no tenía dinero ni para combustible. Por el camino quedaron reiterados intentos de vender la aerolínea a una decena de compañías, la última Qatar Airways, pero no cuajaron porque, sin ayudas públicas, Spanair no era viable, ni contaba con planes de futuro rigurosos. El expediente que le ha abierto el Ministerio de Fomento es una medida lógica tras el cierre empresarial, precipitado y sin previo aviso, con su secuela de molestias, daños, concurso de acreedores, ERE y la parafernalia propia de una situación sobrevenida. Para Canarias la desaparición de esta compañía tiene consecuencias preocupantes, no en vano Spanair, la tercera línea española, movía 156 vuelos semanales con 600.000 pasajeros al año, el 16,5% de los que viajan a las Islas. Menos mal que Iberia, Air Europa y Vueling van a contratar el mayor número posible de los empleados cesantes y, sobre todo, a incrementar sus viajes a Canarias a precios competitivos -sin caer en ofertas propias de las líneas de bajo coste-, manteniendo así un servicio público que en otro caso habría que reclamar al Estado por razones de interés nacional. En cualquier caso, tomen nota nuestros gobernantes de que no se puede funcionar a base de subvenciones y planes basados en aspiraciones imposibles.