La validez del pacto de alimentos > José Domingo Gómez

Suele suceder con relativa frecuencia en materia de conflictos en el ámbito familiar que el cónyuge que se ha obligado con el otro, previa la firma del pertinente contrato, a dar alimentos fuera del juicio de divorcio o del de separación, entienda que planteado el divorcio o la separación del matrimonio dicha obligación se extingue y ha de ser sustituida por la que en su caso determine el juez. El Tribunal Supremo define el convenio regulador como un negocio jurídico de derecho de familia que se otorga con ocasión de la crisis matrimonial, y a su vez distingue entre tres clases o tipos de acuerdos o convenios en las situaciones de crisis matrimoniales: el convenio en abstracto que se considera como un negocio jurídico de derecho de familia; el convenio regulador aprobado por el Juez que tiene la eficacia que lleva consigo una resolución judicial; y el convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente.

Son precisamente este último tipo de convenios, es decir aquel que hacen los cónyuges con anterioridad a plantearse la crisis conyugal y acudir al Juzgado, los que suelen crear divergencias respecto a su validez o no, siendo también habitual que estos alimentos se acuerden en el proceso de separación mediante convenio y que en el momento de solicitar el divorcio una de las partes entienda que no está obligado a cumplir lo pactado pues dicho acuerdo procede de un procedimiento distinto.

Entiende el Tribunal Supremo que estos contratos regulan la pensión alimenticia y que reflejan la voluntad de cada parte plasmada documentalmente, y que por ello tal acuerdo de prestar alimentos no debe quedar afectado por un divorcio posterior, señalando a este respecto que el convenio de separación y el de divorcio pueden contener pactos voluntarios estableciendo alimentos entre los excónyuges, y que el pacto de alimentos tiene naturaleza contractual y a no ser que se limite de forma expresa a la separación, mantiene su eficacia a pesar del divorcio posterior, por lo que el alimentista deberá seguir prestando los alimentos. La importancia de esta doctrina radica principalmente en la seguridad jurídica que significa para el cónyuge más desfavorecido económicamente que lo firmado en materia de alimentos con el otro cónyuge tiene plena validez y eficacia.

*Gómez-Toledo Abogados Hispajuris. Área de Derecho Familiar. www.gomeztoledoabogados.com