Los abogados, contrarios a habilitar el mes de agosto

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf) dejó claro ayer en una nota que la medida que pretende impulsar el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de habilitar procesalmente el mes de agosto, “no ofrece verdaderas garantías de que cumpla con el fin inicial pretendido de desatascar el colapso actual de la administración de justicia y la consiguiente agilización de los procesos judiciales”.

A juicio del decano del Icatf, Víctor Medina, dicha medida causaría un “efecto negativo”, generando aun más inconvenientes que ventajas, ya que se trata de una medida “absolutamente alejada de la realidad actual”. Así, según él, lo que se conseguiría es “incrementar aún más el índice de juicios suspendidos”, porque, en su opinión, “las incomparecencias de partes, testigos y peritos serían abundantes”.

De igual modo, Medina sostiene que “el sistema actual de inhabilidad de agosto es la contrapartida legal a la disponibilidad plena de abogados y procuradores durante los restantes once meses de año, en los que no pueden invocar situaciones de descanso como causa para la suspensión de plazos procesales”.

Además, para el responsable colegial, eliminar la inhabilidad de agosto supondría “imponer la disponibilidad plena a los abogados y procuradores durante todo el año, lo que tendría que ser compensado con la previsión, como causa de suspensión de términos y plazos procesales, del disfrute de periodo de descanso anual por abogados y procuradores”, previsión ésta que daría lugar a un aumento considerable de los retrasos judiciales existentes.

Por otro lado, para el Colegio de Abogados tinerfeño, la inhabilidad general del mes de agosto “no es incompatible con su utilización para asuntos urgentes”, tal como contempla la legislación. En resumen, agrega el Icatf, “es un sentir generalizado que el problema de la Administración de Justicia no se va a resolver con medidas así”.

En este sentido, recuerda Víctor Medina, ya se habían barajado como soluciones anteriores incorporar al funcionamiento de los juzgados las jornadas de tarde, aumentar los ratios de productividad, el aumento del número de jueces, etc. En definitiva, “estamos ante una medida más efectista que efectiva, y que supone, en caso de llevarse a término, un retroceso en la conciliación de la vida familiar, laboral y el derecho vacacional de todos los intervinientes del sistema judicial”, concluye Medina.