EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma
La incertidumbre planea entre las 1.553 familias de personas dependientes en La Palma declaradas como tales por los Servicios Sociales, y a la espera del cobro de la prestación económica, después de los cambios que sufrirá la aplicación de le Ley de Dependencia, anunciados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado día 11 de enero en el Congreso de los Diputados.
La situación afecta también a otros varios centenares de solicitantes palmeros que actualmente esperan la resolución del Plan Individualizado de Atención, el PIA, que determinará qué servicios o prestaciones son más adecuadas en cada caso, pero que en virtud del anuncio realizado por Montoro tampoco podrían estar amparados por la también conocida como Ley de Autonomía Personal.
Nuñez, en contra
El viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y responsable del área de Dependencia, Melchor Nuñez, explicó en declaraciones a DIARIO DE AVISOS respecto a los cambios que aplicará el Gobierno del Estado en esta materia, que “la decisión que han tomado es muy grave porque contraviene la Ley de Dependencia y el Gobierno de Canarias no está de acuerdo con esta medida”.
Preguntado al respecto de lo que deben hacer las familias pendientes de solicitar los beneficios de la normativa de ámbito estatal, Nuñez insistió en que “las familias deben continuar en el proceso de solicitud para que sus familiares sean valorados por los técnicos en el marco de la Ley de Dependencia, que ampara a los grandes dependientes para percibir las correspondientes prestaciones”.
Nuñez defendió “el enorme esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Canarias para aplicar la Ley de Dependencia” y se mostró “satisfecho” por cuanto “en los últimos tres meses del año 2011 se han incorporado a la prestación un total de 1.516 personas en toda Canarias”, personas que “están dadas de alta en nómina y que tienen emitido su Programa Individual de Atención”. En La Palma, detalló, “un total de 993 grandes dependientes están cobrando la prestación económica, mientras que otros 375 tienen atención residencial y otras 301 personas tienen asignada su plaza y los beneficios del uso de su centro de día”. El viceconsejero de Políticas Sociales explicó que “damos preferencia al servicio residencial frente a la percepción económica”.
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Reclamar ante el nuevo “limbo asistencial”
Los expertos en trabajo social consultados por este rotativo califican de “limbo asistencial” la nueva situación en la que quedan estas 1.553 familias palmeras que no podrán cobrar la prestación de la Ley de Dependencia, pese a lo cual invitan a los afectados por la medida estatal a “reclamar”.
El Gobierno de Canarias no parece dispuesto a “paralizar” el trabajo en materia de Ley de Dependencia y desde hace varias semanas está llevando a cabo modificaciones en dos decretos y en la aprobación de un tercero para “mejorar las condiciones asistenciales de las personas dependientes, así como para ampliar el número de plazas residenciales”.
Melchor Nuñez detalló que “con la modificación del primero de los decretos mejoraremos todo el sistema de acceso a los servicios de la dependencia, mientras que el segundo regula la autorización de nuevos centros para facilitar que los procedimientos sean más ágiles y menos exigentes a la hora de autorizar determinados centros que se pueden incorporar a la red asistencial con la que contamos”. El tercer decreto pretende regular el co-pago para los centros residenciales para personas con discapacidad, algo que ya se aplica en muchos casos, pero que a partir de la aprobación de la normativa “permitirá regular la aportación de los usuarios y afianzar el sistema de la red asistencial con el que contamos”, señaló Núñez.
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