Mañana jueves tendrá lugar en los juzgados de Santa Cruz el contencioso administrativo interpuesto por un grupo de opositores que, habiendo sido ninguneados en sus derechos fundamentales por la administración educativa canaria, decidieron defender su derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad en contra de todos los estamentos y los entramados político-administrativos de nuestro sistema democrático.

La administración, lejos de ser un impulso de ciudadanía y modernidad. se convierte en un obstáculo para la defensa de los derechos fundamentales básicos, como son la libre concurrencia a los procesos de selección de la administración pública atendiendo al mérito y a la capacidad.

Lo que se dilucida mañana es de una gran envergadura para el conjunto de la comunidad educativa canaria y para los derechos ciudadanos en general.

Mañana la sala tercera de lo contencioso administrativo deberá esclarecer si la configuración de las listas de empleo público en Educación debe responder, como principal referencia a la antigüedad o la competencia. Deberá decidir si los procesos de selección del profesorado deben regirse por el principio de esfuerzo y capacidad o deben seguir anclados en cadenas de favores y quehacer patrimonializador del Estado por parte de partidos y sindicatos.

Diecinueve años de nacionalismo educativo han colocado a nuestra Comunidad Autónoma en los peores puestos del ranking del Estado.

La actual administración educativa debe lidiar con una situación que, no habiendo sido generada por ellos deben resolver en la actual legislatura.

Las recientes declaraciones del consejero de Educación sobre la intención de la convocatoria de oposiciones en educación deberían ir precedidas de una toma de posición acerca de los procedimientos sobre la configuración de las listas de empleo y de los sistemas de oposición.

La actual administración debe hacer lo que le toca, es decir tomar posición sobre si va a seguir perpetuando un sistema que denosta el esfuerzo, la capacidad de trabajo y la calidad ratificando así la máxima de que vendrán otros que bueno me harán, o por el contrario va a utilizar la política como la vía de transformación para posicionarse en una ética de las virtudes públicas.

Se hace difícil entender que se van a seguir las directrices del informe Pisa o el diagnóstico de la CEOE, cuando no se siguen los principios recogidos en nuestra Carta Magna o en el Estatuto de la Función Pública.

La estabilidad del profesorado es muy importante aunque se hace necesario explicar cómo se va a hacer con la limitación del 10% de las bajas que se producen.

Hora es ya de dejar de buscar las excusas en Madrid y asumir que las competencias educativas están transferidas a las CCAA y que son ellas las que definen su política de contratación de personal.

El tremendo marrón no es suyo, Sr. Pérez, pero la bola está ahora en su campo y el buen jugador no repara en esfuerzos para llegar a ella. Buena suerte y buen juego.