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Necesidades vitales > Leopoldo Fernández

Los datos divulgados ayer por Cáritas sobre las ayudas prestadas en el Archipiélago Canario durante el año recién terminado son de los que ponen los pelos de punta. No tanto por la amplitud de la cooperación que presta esta organización admirable -desde dinero en metálico a alimentos, desde medicinas a material escolar, desde el pago de recibos de agua, luz, alquiler de vivienda o hipoteca a la entrega de ropa, desde el mantenimiento de inmigrantes a dar de comer a quienes no tienen pan que llevarse a la boca como por el constante aumento de las necesidades entre los ciudadanos, muchos de ellos jóvenes procedentes de estratos sociales antes prósperos y con facilidades para encontrar empleo. Unas 25.000 familias canarias fueron asistidas por dicha ONG de la Iglesia Católica, cuyo representante en Tenerife, esa persona noble y ejemplar que es Leonardo Ruiz del Castillo, no duda en situar bajo el umbral de la pobreza (con menos de 7.533,3 euros al año si se trata de un solo adulto, 11.300 si son dos, 13.560 en el caso de dos adultos y un menor o 15.820 euros para dos adultos y dos menores) al 32% de los ciudadanos de Canarias, cuando en el conjunto de España ese porcentaje baja al 21% y en algunas comunidades -casos de Navarra y País Vasco- apenas llega a la tercera parte de esa cifra. La crisis y el paro traen estas situaciones de necesidad y marginación indeseadas pero que constituyen, o deben constituir, un aldabonazo a la conciencia colectiva, en especial de quienes ostentan las más altas responsabilidades públicas en las Islas. Sin embargo, las ayudas gubernamentales a organizaciones como Cáritas y similares siguen bajo mínimos, cuando resulta obligado -vitalmente, socialmente, económicamente y políticamente obligado-, prestar ayuda a los semejantes que cargan con privaciones sin cuento. Sin este mínimo de solidaridad, hablar de Estado de Bienestar o de buena administración de los recursos públicos me parece de un cinismo infinito. Nada hay más prioritario que atender a los más desfavorecidos de la sociedad. No es cuestión de credos religiosos, ni asunto de derechas o izquierdas, sino pura apelación a la justicia, a ese mínimo común denominador de una sociedad bien organizada y socialmente responsable. Los obligados recortes inversores o presupuestarios no deberían ser disculpa para que nadie evada sus propias responsabilidades solidarias: ni el Gobierno, ni los cabildos, ni los ayuntamientos, ni las organizaciones sociales intermedias, ni los propios particulares. Como afirmaba el polemista Tertuliano, no podemos abandonar a nadie sin oírlo porque sabemos que si lo oyéramos, no lo abandonaríamos.