En lugar de exprimir hasta la consunción a los sufridos contribuyentes, Montoro y su equipo deberían poner en marcha, de manera inmediata, las más enérgicas medidas contra el fraude fiscal. Precisamente, el incremento de la prima de riesgo es un castigo de los inversores ante la falta de reacción del Ejecutivo de Rajoy al control del déficit. Mucho anunciar medidas pero el fraude sigue tan terne.
Si de verdad se metiera mano a toda la defraudación fiscal, a la economía sumergida, al dinero negro, al impago del IVA, a los paraísos fiscales, seguramente no haría falta hacer tanta sangre en políticas sociales, ni recortar tantos derechos, ni subir esos impuestos que no se iban a subir.
Los técnicos de Hacienda proponen que el máximo que se pueda pagar en efectivo sea mil euros. A partir de ahí se tendrá que hacer por transferencia, talón bancario, tarjeta de crédito. Es decir, dinero que deja huella fiscal. Sería sin duda una forma de aflorar los miles de millones de euros que, en billetes de quinientos, se esconden a la hacienda pública.
La medida contribuiría también a poner fin a determinadas corruptelas amparadas en supuestos pagos en efectivo. A cuántos responsables políticos no hemos oído explicar la inverosímil versión de que un billete de avión de seis mil euros lo pago de su bolsillo dando por supuesto que esa es una cantidad que todo el mundo lleva en la cartera. Recuerden que Francisco Camps pagaba los trajes con el efectivo que llevaba su chófer.
España es la campeona de la economía sumergida en relación con los países de su entorno. Los datos sonrojantes son que el 23,3% del Producto Interior Bruto (PIB) se oculta al fisco. Según los técnicos de Hacienda, con la prohibición de pagar en efectivo todo lo que supere los mil euros se reduciría en un 5% la mitad de la brecha que nos separa de la UE.
No solo somos los paladines del desempleo, si no también del fraude fiscal. Evidentemente, la economía sumergida es la que ha permitido la subsistencia de cinco millones de parados y que el país no se echara a la calle.
Aun así, con ser positiva la medida de los mil euros resulta insuficiente para afrontar ese 23% de evasión fiscal. Por tanto, además de imitar a Francia e Italia en esta iniciativa, no estaría de más que se estudiará la severa legislación estadounidense para los grandes defraudadores fiscales. En EE.UU., la insolidaridad se paga con grandes penas de cárcel muy ejemplarizantes. Los más graves procesos de corrupción, como, por ejemplo, los casos Marbella, Matas, Fabra y Gurtel, llevan añadidos delitos fiscales.
Aquí, en España, es lo de menos; en Estados Unidos sería lo peor.