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Ordenan la busca y captura internacional de uno de los 28 imputados por las irregularidades en Emarsa

EFE | Valencia

El juez que investiga las irregularidades en Emarsa, la empresa que gestionaba la depuradora valenciana de Pinedo, ha ordenado la busca, detención y puesta a disposición judicial de uno de los veintiocho imputados en esta causa al tener “fundadas sospechas” de que se ha fugado de España.

Se trata de Jorge Ignacio Roca Samper, imputado por un delito de malversación, cuatro delitos contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil.

Según un auto hecho público hoy, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia -dedicado en exclusiva a este caso, que acumula ya 42 tomos e investiga un posible agujero económico de 40 millones de euros- ha emitido esta orden de detención internacional “al no haber sido hallado y existir fundadas sospechas de que se ha fugado para eludir sus responsabilidades”.

La participación de Roca Samper en la investigación de supuestos delitos de estafa y malversación en la gestión de Emarsa es, según el juez, “imprescindible y necesaria para la consecución de la defraudación final”.

A nombre de este imputado, uno de los veintiocho que acumula ya la instrucción, está la mayoría de las empresas que, según la investigación, facturó actividades a Emarsa pese a que carecían de medios materiales humanos o financieros para llevarlas a cabo.
Roca Samper, “previo concierto” con otros investigados, incrementó artificiosamente el valor de lo realizado de tal forma que Emarsa abonó finalmente por la gestión de lodos y desbaste “una cifra aún no determinada, pero en cualquier caso superior a diez millones de euros más que lo que costaba el servicio que efectivamente le era prestado”.

Además, el instructor resalta en su escrito la relación contractual entre la citada Notec y la también empresa administrada por el fugado Agrolemos, según la cual, esta se comprometía a intermediar comercialmente en la venta de unos 10.000 vehículos en Pakistán por parte de la primera, con un precio de venta de 200 millones de euros pero que finalmente no se materializó por “problemas estructurales” en ese país.

Este contrato fue firmado con el objetivo de generar unas cuotas de IVA soportado que le permitiesen deducirlas de las cuotas de IVA recibidas de su relación comercial con Emarsa, según la investigación judicial, que recalca que las empresas gestionadas por Roca Samper “obtuvieron cuantiosísimos ingresos de las facturas emitidas a Emarsa”.

En sendas providencias hechas públicas también hoy, el juez ofrece a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse como acusación particular para defender los intereses de la Hacienda Pública, y da por personada ya como acusación particular a la Generalitat.