El Gobierno central quiere meter las cabras en el corral. El aviso que ha lanzado a las autonomías y municipios es que la próxima Ley de Estabilidad Presupuestaria va a sancionar de forma contundente a aquellas corporaciones locales o administraciones autonómicas que incumplan los techos de gasto. Y las consecuencias para los gestores públicos que se salgan del tiesto pueden ser incluso penales. Dicho así (aunque sean difícilmente realizable en la práctica) algunos municipios tendrán que buscar candidatos a concejal a punta de pistola.
El caso del Ayuntamiento de Galdar (25.000 habitantes, 500 empleados municipales) es, por ejemplo, la punta del iceberg sumergido de las haciendas locales españolas. Ha planteado un expediente de regulación de empleo para prescindir de más de cien trabajadores porque, sencillamente, no puede pagar las nóminas. No va a ser ni el único ni el mayor de los casos que veremos en los próximos meses, pero de lograrse el ERE sí sentaría un precendente jurídico extraordinariamente relevante.
La cruda realidad es que mientras en el sector privado se han destruído casi tres millones de puestos de trabajo desde el inicio de la primera crisis financiera, el empleo público ha seguido creciendo de manera incomprensible — especialmente en comunidades autónomas y municipios– en el peor de los escenarios económicos. La cruda realidad es que en los años ochenta, la administración central comenzó un proceso de traspaso de competencias a las autonomías y que una vez culminado el proceso, dos décadas después, la administración central del Estado, con menos competencias, tiene el doble de trabajadores públicos que antes del inicio de las transferencias. La cruda realidad es que en el año 2002 había en España 1.633 empresas públicas y en el año 2010 teníamos 4.000, con una deuda acumulada, producto de su excelente gestión, de 52.000 millones de euros. Y asi…. Para frenar esta gangrena, el gobierno de Rajoy parece dispuesto a utilizar no sólo el Código Penal, sino la División Acorazada Brunete, si hiciera falta. Pero taponar la hemorragia financiera de unas administraciones autonómicas y locales que no se sintieron concernidas por la debacle económica sólo es un primer paso. La reducción del gasto público pasa también por acometer un redimensionamiento del volumen de la administración. Un hueso duro de roer para quienes sienten tanto pánico por el poder de la burocracia que antes que incordiarla han preferido asaltar otra vez el bolsillo de la clase media española con una nueva subida de impuestos sobre los que aún tienen un trabajo.
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