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Alberto Ruiz-Gallardón es un señor de derechas tan bien educado y prevenido que a muchos se les olvidó durante años que era un señor de derechas y los comentaristas más pazguatos lo describían como la reserva de un centrismo liberal en la selva del aznarismo. En una ocasión tres o cuatro periodistas nos tomamos en Tenerife un café con el ahora ministro de Justicia y me queda francamente alarmado: Ruiz Gallardón era un señor listísimo. Gracias a su voraz inteligencia y a la estulticia de las familias del socialismo madrileño, que por sus actitudes y métodos de debate y colaboración recuerdan singularmente a los carteles mexicanos, el señor Ruiz Gallardón estaba destinado a gobernar la capital del Reino hasta que la arruinara o llegara su nombramiento como ministro. Después de varias semanas casi en silencio, un mutismo que no dudo que le puso la lengua en carne viva, Ruiz-Gallardón acaba de presentar los pilares de una supuesta revolución en la Administración de Justicia que ha dejado a algunos exhaustos de admiración. Yo juro que leo y releo periódicos y demás papelería y no encuentro la revolución de la Administración de Justicia por ningún lado. Admito, porque es una evidencia, que el PP ha subido los impuestos, pero hallar contenidos revolucionarios en su programa o en su gestión se me antoja un exceso. En fin. Lo más estrepitoso de la reforma de Ruiz Gallardón, desde luego, apunta a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En general la elegibilidad del CGPJ no parece que tenga una incidencia determinante en la eficiencia y la eficacia de la administración de Justicia. La nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecerá que los jueces y magistrados designarán a todos los miembros del CGPJ solo garantiza una aplastante mayoría de magistrados conservadores en el supuesto órgano de gobierno. El copago: Ruiz Gallardón lo quiere introducir, sorprendentemente, en los trámites de apelaciones, cuando los órganos más saturados son los que atienden en primera instancia. La imposición de una tasa penalizará, obviamente, a los ciudadanos con menos recursos económicos, con lo que la tutela judicial efectiva, como principio constitucional, queda gravemente afectada. El ministro ha mencionado tres nuevas leyes (de Demarcación y Planta, de Enjuiciamiento Criminal, de Mediación) pero asumiendo, al menos parcialmente, los proyectos y anteproyectos presentados en las Cortes por el anterior Gobierno socialista. La revolución gallardoniana se queda, por tanto, en un fortalecimiento del corporativismo conservador del Poder Judicial, en un castigo con visos de inconstitucionalidad a los económicamente más débiles en los procedimientos judiciales y en tunear tres proyectos legislativos: una combinación de conservadurismo regresivo y gandulería normativa con la que Gallardón disfrutará como en un guateque.