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Vivimos instalados en la cultura de la subvención. Unos más que otros, pero en la subvención. Y con más o menos razones o justificaciones, pero siempre con la subvención a vueltas y revueltas. Se subvencionan las tasas aéreas, la producción de energía eléctrica -vía fuel-oil, viento, sol y demás alternativas-, el cultivo del plátano, el transporte por aire y por mar y tantas otras cosas que, en el caso de Canarias, están perfectamente justificadas. No lo digo por egoísmo o alarde patriotero; es la pura verdad, dada la singularidad física y geográfica de las Islas, la distancia a los centros de consumo, las carencias estructurales de la economía isleña y tantos otros factores que no favorecen al canario a la hora de producir, moverse o entrar en competencia. Pero junto a estas subvenciones, cuya justicia se puede demostrar con pelos y señales, existen otras en plan subvenir que, no ya ocasionalmente, sino un día sí y otro también, forman parte del paisaje nacional de la indecencia y la corrupción. Me refiero no a esas subvenciones tan necesarias para poder crear empleo o dinamizar la actividad económica, ni tampoco a las regalías y dádivas que sin razón reciben algunos políticos, sino a las ayudas de juzgado de guardia que, con el dinero de todos, se otorgan alegremente a amigos, compañeros de partido, miembros del mismo sindicato o de la misma cofradía ideológica y a esa caterva de golfantes y vividores que pululan por las cercanías de la política para sacar tajada económica y seguir medrando a costa de todos. Eso que se ha descubierto en la Junta de Andalucía con la cocaína, el PER o las ayuditas de las familias de Manuel Chaves o Alfonso Guerra, o en Valencia y Baleares con los regalos a cuenta para Camps, Urdangarín y compañía. Y esas subvenciones ahora difundidas que firmó el Gobierno saliente, ya en funciones, para el “ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres de Kayes, república de Mali” (316.904 euros del ala). O los 293.899 euros para “la resolución de conflictos con los hipopótamos en Guinea-Bissau”. Y los 100.000 para la “Red de Cine Lésbico, Gay Bisexual y Transexual: consolidada la Red Iberoamericana de Festivales de Cine LGBT como vehículo de visibilización y defensa de los derechos humanos de las minorías”. ¿A que suena muy chachi y demuestra mucha generosidad? Estas ocurrencias disparatadas, una constante durante los últimos años, merecerían una pasada por la autoridad judicial. Se trata de un despilfarro en toda regla, un despropósito, un modo de malutilizar el dinero público, con todo lo cual es preciso acabar cuanto antes, para poner un ~ealmínimo de racionalidad en la vida pública.