EUROPA PRESS | Madrid

El abogado Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a la causa contra Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel, ha declarado en calidad de testigo que los abogados de los imputados en la trama se coordinaban para preparar la estrategia de defensa y no para blanquear dinero ni obstruir las investigaciones policiales.

El testigo, que defiende al empresario José Luis Ulibarri imputado en la trama corrupta, ha sido propuesto por la defensa del juez, ejercida por el abogado Francisco Baena Bocanegra. “Tengo un interés directo pero eso no quita que voy a decir la verdad”, ha comenzado Peláez, que pide para Garzón una pena de 10 años de inhabilitación.

Peláez ha subrayado que pidió la excedencia de la carrera fiscal hace nueve años, cuando abandonó su último destino en la Audiencia Nacional, donde trabajó junto a Baltasar Garzón. “Le sigo respetando como profesional y como compañero”, ha remachado.

A preguntas del abogado defensor del juez imputado, el testigo ha puesto en evidencia que la Policía disponía de elementos incriminatorios contra su cliente procedentes de las conversaciones grabadas en el centro penitenciario, con lo que vio vulnerado su derecho a la intimidad.

Según ha dicho, acudió a la cárcel de Soto del Real para reunirse con el lugarteniente de la red Gürtel, Pablo Crespo, con la finalidad de preparar la defensa de Ulibarri y coordinarse con otros abogados de la trama. Consideraba que esta conversación estaba protegida en el ámbito de la privacidad y la confidencialidad entre abogado y cliente.

Sin embargo, ha indicado que después descubrió que se estaban pinchando las comunicaciones del locutorio de la prisión, por lo que el fiscal, los policías y el juez instructor tenían a su disposición las respuestas que iba a dar su cliente.

Pero no sólo eso, también conocían cómo se coordinaban los abogados de la Gürtel y cuáles eran sus movimientos para preparar la estrategia de defensa, “no para obstruir la investigación policial ni judicial” ni para “blanquear dinero”.

Sin autorización judicial para la visita en prisión

La defensa de Garzón le ha inquirido si comunicó al juez su intención de reunirse en prisión con Crespo, tal y como establece el reglamento penitenciario, a lo que Peláez ha respondido que consideró que esta autorización judicial no la veía necesaria al contar con el consentimiento del preso y de su abogado Juan Antonio López Rubal.

Durante el interrogatorio, que se ha prolongado por espacio de dos horas, ha explicado que el locutorio donde se reunió en varias ocasiones con Crespo estaba siendo “controlado visualmente” por funcionarios, que “siempre” les dirigían al mismo y que no le pusieron ningún inconveniente para que se entrevistara con el interno.

Ante los siete magistrados que forman el tribunal, ha precisado que Ulibarri se encontraba en libertad y que la Fiscalía le realizó preguntas “muy sagaces” después de que las comunicaciones fueran grabadas en el locutorio, al que acudió por primera vez el 25 de febrero de 2009.

Además, ha afirmado que conoció “por casualidad” la imputación de varios abogados de la trama, después de que se lo comunicara José Antonio López Rubal -después se retiró la imputación a los letrados-. Tras ello, ha recordado que quedó “sorprendido” cuando descubrió que sus comunicaciones habían sido pinchadas al levantarse el secreto de las actuaciones.

La defensa de Garzón le ha cuestionado si en su querella utilizó la pieza de las comunicaciones ya expurgadas. “Si estaba expurgado pero no sé por qué”, ha dicho, antes de añadir que habló también en prisión con el líder de la red delictiva, Francisco Correa, sobre facturas que después fueron objeto de preguntas en los interrogatorios.

“Estatus híbrido”

Tras responder a las preguntas de los abogados de la acusación, el exjuez Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Morullo, y del fiscal Antolín Herrero, el testigo ha recuperado su “estatus” de acusación particular, en palabras del presidente del tribunal, Joaquín Giménez, que ha señalado que se trata de una situación anómala al tener Peláez “un estatus híbrido”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, suspendido cautelarmente de sus funciones desde mayo de 2010, se enfrenta desde este martes al primer juicio de las tres causas que tiene abiertas en su contra en el Tribunal Supremo.

En esta causa se investiga si el magistrado prevaricó al dictar en febrero y marzo de 2009 los dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones de la trama de corrupción que salpicó a cargos del PP.

Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero piden la absolución, mientras que Ignacio Peláez pide que sea inhabilitado durante 10 años, y los imputados en el caso ‘Gürtel’ Francisco Correa y Pablo Crespo solicitan que dicha inhabilitación se prolongue entre los 15 y los 17 años.