iuris tantum> Mario Santana

Y va la segunda > Mario Santana

Cada cosa en su sitio, y cada juicio en su juzgado. Primero debemos decidir si queremos ser todos iguales ante la ley y si queremos que la Justicia tenga los ojos vendados. Porque puede ser que no. Pero si es que sí, entonces nos dotaremos de unos mecanismos y leyes que hagan posible el logro de tan alto objetivo. Instituciones como la separación de poderes, la igualdad ante la ley o el derecho de defensa son pacíficamente considerados como buenos mimbres para hacer tal cesto. Y entre esos mimbres se incluye el “derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”, que así reza el artículo 24.2 de la Constitución.

La consecuencia es que no podemos decidir el singular juez que decidirá nuestra controversia, sino que la ley “predetermina” quién resolverá nuestro asunto. Y lo hace de forma alta y clara en las distintas regulaciones sobre la “competencia”. Primero deberá determinarse el tipo de jurisdicción en que se enmarca el conflicto, y de ello habla el artículo 21 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Una indemnización por despido improcedente se reclamará ante los juzgados de lo Social, y un desahucio por impago de rentas ante la jurisdicción civil. Luego se determinará la competencia territorial, normalmente condicionada por el domicilio del demandado o por el lugar donde se encuentre el objeto discutido. Imaginemos la indefensión que ocasionaríamos a un residente en La Laguna que adeuda el alquiler de su vivienda si lo demandamos en Baracaldo. Pero la “competencia” también puede venir “predeterminada” por razón de la específica materia a enjuiciar, como ocurre con los juzgados de lo Mercantil o de la Audiencia Nacional. Esta última, y en cuanto al ámbito penal se refiere, tiene de forma exclusiva y excluyente la competencia para conocer de los asuntos que le atribuye el artículo 65 de la LOPJ: delitos contra la Corona, terrorismo, tráfico de drogas, delitos monetarios, delitos contra el tráfico mercantil que superan el ámbito provincial o delitos graves contra los derechos humanos (crímenes de guerra, contra la humanidad, etc.) cometidos fuera del territorio español y cuando exista relación con intereses españoles. Y punto pelota.
No obstante lo anterior, el Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional recibió en el año 2006 varias denuncias por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en España y por españoles que habrían tenido lugar entre los años 1936 y 1939. El Juzgado abrió expediente y comenzó su tramitación. Ordenó a diversos archivos que le remitieran listados de desaparecidos durante la guerra, dirigió y controló la exhumación de cadáveres y recavó certificados de defunción de varios personajes históricos. El fiscal informó a la Audiencia Nacional que no era competente para conocer del caso, ya que, al tratarse de hechos ocurridos en España, en todo caso serían competentes los juzgados de los lugares donde tuvieron lugar. Además, sigo informando, el delito de lesa humanidad se introdujo en nuestro Código Penal en el año 2003, con entrada en vigor el 1 de octubre de 2004, habiéndose pronunciado el Tribunal Supremo en 2007 -caso Scilingo- sobre la imposibilidad de aplicar normas retroactivamente a supuestos que la ley no contemplaba al momento en que sucedieron. Finalmente, en noviembre de 2008, el juez don Baltasar Garzón dicta auto por el que declara extinguida la responsabilidad por fallecimiento de determinadas personas y remite la causa a distintos juzgados del territorio nacional, donde supuestamente ocurrieron los hechos. Nuevamente se imputa al juez don Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación: dictar resoluciones a sabiendas de su ilegalidad. Es decir, tramitar un procedimiento y tomar decisiones en él, sabiendo que no es competente para hacerlo. Y va la segunda.

Mario Santana Letrado
abogado@mariosantana.es