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A los sordos no los escuchan

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La crisis económica ha abocado a una difícil situación a la mayor parte de las administraciones públicas de Canarias. Éstas, acuciadas por las deudas, han dejado de cumplir muchos de los compromisos que tenían pactados con entidades y organizaciones no gubernamentales. Es el caso de las asociaciones que asisten a la comunidad de personas sordas de la provincia tinerfeña, algunas de las cuales ya están teniendo serios problemas para seguir prestando los servicios que venían desarrollando hasta el momento.

De hecho, según aseguran desde la Plataforma Tenerife Discapacidad, entre el Gobierno, el cabildo y algunos ayuntamientos deben más de 100.000 euros a las tres principales asociaciones que trabajan con el colectivo no oyente de Canarias.

En concreto, desde la Fundación Canaria para el Sordo (Funcasor) aseguran que se les adeudan 35.000 euros del pasado ejercicio, correspondientes a la subvención contemplada en el Plan de Atención a la Discapacidad del Cabildo, sufragado mediante un convenio suscrito entre el Ejecutivo autonómico y la propia institución insular.

“Nuestros fondos propios son muy limitados, y si a partir de marzo continúan sin pagarnos no podremos seguir prestando algunos de los servicios que ofrecemos”, explica a DIARIO DE AVISOS Belén Darias, directora de Funcasor. La fundación, que ayuda a más de 400 personas sordas de la Isla y tiene dos centros donde residen 14 discapacitados (cuatro de ellos grandes dependientes), no solo no ha recibido las cantidades correspondientes al pasado ejercicio, sino que tampoco sabe con certeza el dinero que recibirá este año.

“Nos han prometido que recibiremos la misma ayuda, pero ni tenemos el compromiso por escrito, ni sabemos cuándo cobraríamos”, recalca Belén Darias, quien asegura que la asociación está haciendo un enorme esfuerzo para no cerrar los centros ocupacional y asistencial que tiene en la Isla.

Por si esto fuera poco, desde la Consejería de Política Social tampoco les han dicho aún si podrán seguir pagando los 35.000 euros que cuesta el servicio de intérpretes de la asociación, que Funcasor ha logrado sacar a flote gracias a las cuotas de sus socios y donantes, ya que el sueldo de los dos profesionales que trabajan actualmente en el mismo (uno en Tenerife y otro en La Palma) son superiores incluso a la ayuda que los financia.

En la misma situación de indefensión se encuentran en la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), que atiende a cerca de 5.000 personas con diferentes tipos de sordera, así como a sus familias. Su director, Roberto Suárez, reconoce que “cinco instituciones públicas” del Archipiélago le adeudan en total más de 45.000 euros correspondientes a distintas subvenciones de 2011. Ello ha obligado a la entidad a tomar algunas medidas para evitar el cierre de proyectos y servicios. Así, desde hace dos meses los trabajadores solo están cobrando la mitad de sus salarios, que se completarán una vez que la federación perciba las ayudas pactadas.

“A medida que pasan las semanas, van creciendo nuestras deudas; y, lo que es peor, todavía no sabemos con certeza con qué dinero podremos contar este año”, denota Suárez, quien deja claro que “desde hace unos años venimos padeciendo sucesivos recortes, pero no hemos dejado de prestar los mismos servicios”. Éstos, entre otros, incluyen la atención integral a las personas sordas y sus familias, un servicio de intérpretes de lengua de signos, un trabajador social y un agente de desarrollo de la comunidad sorda, que ofrece orientación sociolaboral. “De nuestra viabilidad depende el futuro de muchas personas sordas, a las que ayudamos a mejorar su calidad de vida”, concluye el director de Fasican.