JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Socia fundadora de la Asociación de Mujeres Solidaridad y Cooperación y miembro de la Federación de Asociaciones de Mujeres de Canarias Arena y Laurisilva, Elena Máñez Rodríguez asumió en julio pasado la Dirección del Instituto Canario de Igualdad (ICI). Nacida en Gran Canaria en 1969 y licenciada en Historia por la Universidad de La Laguna, Máñez es experta en cuestiones vinculadas a la violencia de género, la igualdad o el impacto de género en las políticas públicas. Tras ejercer como coordinadora insular de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria desde 2007, tiene ante sí el difícil reto de dirigir una institución cuya necesidad y eficacia está en entredicho, especialmente a raíz de la llegada al Gobierno del Partido Popular.

-Esta semana se ha firmado el convenio entre el Gobierno y el Cabildo que asegura la continuidad de los servicios de prevención y atención a víctimas de violencia de género. Una buena noticia, dada la época de crisis que vivimos…

“Efectivamente. Una de las prioridades del Gobierno autonómico y del Instituto Canario de Igualdad era garantizar los recursos dirigidos a la información, la acogida y prevención de la violencia de género, porque seguimos siendo una de las comunidades autónomas con mayor número de denuncias. No podemos bajar la guardia, y todos los esfuerzos había que dirigirlos a garantizar esos servicios a nivel regional”.

-¿Cómo se conjugan estas actuaciones en el ámbito autonómico con los planes personalizados para las víctimas de violencia de género, anunciados por la nueva ministra?

“Todavía no me atrevo a valorar esos planes, porque habrá que esperar a que esas propuestas se concreten y se plasmen en medidas. Además, aquí en Canarias ya se está prestando esa atención personalizada e individualizada”.

-Las organizaciones y asociaciones de mujeres se quejan de que todos esos anuncios se quedan siempre en nada, básicamente porque no se dotan de los recursos humanos y financieros necesarios…

“En Canarias sí están dotados y garantizados los recursos, tanto para los servicios de información, como para los de atención inmediata. Pero, al margen del convenio entre el Gobierno y los cabildos, también hay otros servicios que van a estar operativos y están financiados, como las ayudas de emergencia social; o el servicio que se presta a través del 1-1-2, que activa el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), que el año pasado atendió 14.185 llamadas, de las que unas 3.800 fueron de emergencia y había peligro para la mujer”.

-Pero quizás se echa en falta mayor coordinación de esos recursos con el sistema judicial, ¿no?

“Bueno, tenemos el protocolo interinstitucional, que lidera la Viceconsejería de Justicia; y en el marco de ese protocolo se está trabajando a distintos niveles, para mejorar la coordinación y elevar propuestas que permitan mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia”.

-¿Está provocando la crisis un aumento de las cifras de denuncias o atenciones por violencia de género en el Archipiélago?

“Las mujeres cada vez tienen más confianza y denuncian, y eso es lo más positivo, sea cuales sean las cifras. No se puede asociar la violencia a condiciones particulares de las personas, como la crisis, el desempleo, etcétera, porque no son las verdaderas causas de la violencia en sí. Paradójicamente, lo que estamos observando es el efecto contrario; es decir, las mujeres víctimas de violencia de género, ante la falta de oportunidades del mercado laboral, se están retrotrayendo más a la hora de denunciar. Es una tendencia ligerísima y aún no la podemos cuantificar, porque muchas mujeres siguen demandando información. Pero es un tema que estamos estudiando, y nos preocupa que la realidad de esas mujeres pueda estar cambiando”.

-Otro de los problemas que existe en torno a la violencia machista es que muchos partidos e instituciones la usan como arma política…

“Sin duda. No se debe instrumentalizar políticamente la violencia de género, porque hablamos de una realidad que, desgraciadamente, en muchas ocasiones acaba con la vida de una persona. Por eso, éste debe ser un tema prioritario para las administraciones, independientemente del color político. Pero sí que es cierto que podemos discrepar cuando se plantean algunas medidas que pueden ser un retroceso para la sociedad, como por ejemplo la reforma que se pretende hacer de la Ley del Aborto”.

-¿Y qué le parece esa reforma?

“Me parece que no es bueno pasar de tener un derecho reconocido por la ley, a tener que estar sometida a un supuesto y una tutela a la hora de tomar esa decisión. Creo que es un retroceso”.

-Quizá con la llegada al Gobierno central del Partido Popular muchos ven determinadas medidas como una vuelta atrás respecto a las políticas sociales del PSOE…

“Sí. Por ejemplo, plantear que la violencia de género es violencia familiar supone echar por la borda el esfuerzo de muchos años y muchas profesionales que han trabajado para conceptualizar la violencia de género. Y los conceptos son muy importantes, porque nos permiten intervenir en la realidad de una manera u otra”.

-¿Están en peligro las políticas de igualdad en estos momentos?

“En el ámbito de nuestras competencias, no, porque tenemos margen de actuación. Para eso está la Ley Canaria de Igualdad. Estamos trabajando para culminar su desarrollo reglamentario, que establece elementos importantes para avanzar hacia la transversalidad. Eso va a permitir que, desde las distintas consejerías y centros directivos se incorporen las políticas de igualdad, porque la discriminación es un problema estructural, y hay que intervenir en todos los ámbitos”.

-Sin embargo, en los presupuestos regionales se ha reducido notablemente la partida destinada al Instituto Canario de Igualdad, ¿no es así?

“Ha habido ajustes en todos los sectores y entidades, pero lo importante es que vamos a poder garantizar el mínimo cumplimiento de nuestros objetivos. Esto no es Castilla-La Mancha, y no se van a cerrar recursos ni proyectos. De hecho, vamos a culminar el Plan de Igualdad, que es fundamental, porque será el que nos permita avanzar y desarrollar políticas transversales”.

-¿Qué le parece la posible derogación del matrimonio homosexual en nuestro país?

“Estoy totalmente a favor del matrimonio homosexual, y no se puede hacer demagogia con estas cosas. Me parecería otro retroceso, porque todas las personas, independientemente de su condición sexual, tienen los mismos derechos”.