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‘Camas calientes’, explotación bajo las sábanas

La Policía ha desmantelado varias redes que explotaban a ciudadanos asiáticos que vivían hacinados.| DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Lo que para la mayoría solo supone un elemento más del mobiliario cotidiano, para otros es un auténtico tesoro, un bien tan preciado por el que hay pagar diariamente. Es el caso de las denominadas camas calientes, lechos en los que cohabitan distintas personas a lo largo de una jornada.

Y es que el alto precio de los pisos, las mafias y la situación ilegal de miles de inmigrantes ha provocado que en muchas zonas de Canarias proliferen los alquileres de habitaciones en casas compartidas y los jergones utilizados por distintas personas. Esta aberrante situación, similar a la que hace unos años se daba en las Islas con los llamados pisos-patera, se ha vuelto ahora casi exclusiva de la comunidad asiática del Archipiélago.

No en vano, según denuncian entidades como SOS Racismo, Cruz Roja y Médicos del Mundo, cientos de inmigrantes chinos, malayos, birmanos, tailandeses y vietnamitas son obligados a compartir minúsculos habitáculos en algunas zonas de la capital tinerfeña y el Sur, donde trabajan en maratonianas jornadas sin apenas descanso.

Según explican a este periódico desde la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, “en apenas medio centenar de metros cuadrados pueden llegar a convivir más de 15 personas”. “En la mayoría de los casos son ciudadanos en situación ilegal quienes se alojan en este tipo de viviendas, arrendadas por compatriotas más pudientes o por redes mafiosas”, recalcan las mismas fuentes.

Los afectados suelen decantarse por esta opción al no encontrar nadie que les alquile un piso, dada su condición de sin papeles.
“Nadie les quiere arrendar una vivienda de su propiedad”, recalcan en Cruz Roja, quienes reconocen que “suelen ser compatriotas suyos quienes le otorgan dos opciones: vivir en un piso-patera, donde una familia alquila una habitación y comparte el resto del inmueble con otros grupos de personas, o en camas calientes, donde cada lecho se alquila por horas, generalmente ocho y casi siempre a ciudadanos de origen asiático”.

Asociaciones como SOS Racismo han denunciado en numerosas ocasiones que en su sede se acumulan las quejas de personas que se ven abocadas a compartir estas camas calientes, al habérsele rechazado el alquiler de una vivienda por ser inmigrantes. “Como somos pequeños dormimos a lo ancho de la cama. El primero que vuelve de trabajar utiliza la cocina y los niños van al baño de un bar”, confiesa una inmigrante de origen malayo en el último informe publicado por la organización no gubernamental.

Las citadas camas calientes suelen funcionar de dos formas. Por orden del arrendador (estancia máxima, ocho horas) o por pura convivencia. Muchas de las personas que comparten una habitación en estos pisos-patera apenas se ven, porque sus turnos de trabajo no coinciden. Legal o ilegalmente, casi todos trabajan en sesiones repartidas a lo largo de las 24 horas del día.

Los precios no son baratos. Una cama caliente suele costar como mínimo 150 euros y los pisos patera, entre 200 y 350 euros al mes.
La imaginación también funciona a la hora de mejorar el nivel de vida en estos reductos, que muchas veces no superan los 20 metros cuadrados. Televisiones colgadas del techo, literas improvisadas con cuatro palos y colchonetas que se convierten en camas o sofás según la hora del día son habituales. Porque en estos singulares alojamientos se aprovecha todo, desde los cuartos trasteros hasta los pasillos. “Cualquier espacio puede ser útil para que en él conviva una familia”, exponen desde el Área de Exclusión Social de Médicos del Mundo.


Cabezas de serpiente

Asimismo, los propios inquilinos acostumbran a pactar una serie de normas generales de obligado cumplimiento para todos los residentes: las horas para ir al baño suelen estar fijadas, así como las lavadoras o los turnos de cocina. Los gastos suelen dividirse según el número de miembros de cada familia, y las visitas están prohibidas.

En noviembre de 2010 el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenaba a una organización especializada en el tráfico de personas asiáticas. Fue la primera resolución firme contra una mafia de este tipo en el Archipiélago, conocida en el argot policial como cabezas de serpiente, por la infraestructura que tienen distribuida por todo el territorio nacional para actuar como una banda organizada, según confirmaron fuentes judiciales.

El fallo judicial fue dictado en septiembre de 2009 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, bajo la ponencia de la magistrada Eugenia Cabello, y un año después el Supremo, tras rechazar los recursos de casación presentados por los acusados, ratificó las penas impuestas a los imputados, todas de cinco a nueve años de cárcel, según el papel que cada reo desempeñaba en la red.

Las agentes interceptaron en Gran Canaria y Tenerife dos barcos que zarparon de Mauritania y Guinea Conakry con 13 y 24 inmigrantes, respectivamente. La banda operaba en las Islas “al menos desde 2005”. También se realizaron detenciones en aeropuertos, barcos de transporte insular y supermercados capitalinos. Los inmigrantes estaba escondidos en los tanques de aceite de los buques.
Las víctimas de estas triadas chinas eran ciudadanos orientales que llegaban a pagar 30.000 euros por el extenuante viaje. Al llegar a España vivían hacinados y trabajaban en talleres y restaurantes.