Tarde y con desgana se ha pronunciado el Gobierno de Canarias sobre el proceso de reorganización de las Cajas de Ahorro en España, pero al final lo ha hecho: ha sido Javier González Ortiz, consejero de Hacienda, el que finalmente ha reconocido que las fusiones han sido negativas para la economía canaria. La integración de las dos Cajas del Archipiélago en Banca Cívica y Bankia era sin duda necesaria desde el punto de vista financiero, pero dejó a las dos entidades con una capacidad de decisión mínima. Hoy son poco más que oficinas sucursalizadas de entidades bancarias que -a pesar de la buena voluntad y pericia de sus directivos locales, todavía pegados al terreno- no responden ni a las preocupaciones ni a los intereses locales, y cuyas decisiones se toman en Madrid o Pamplona. La desaparición de las dos Cajas Canarias supone -más que un revés, como lo califica el Gobierno- una tragedia económica para las Islas, en un momento, además, en el que la gravedad de la crisis y las particulares características que la hacen aún más grave en Canarias, hacían de la proximidad y cercanía de las Cajas un activo importante.
Por eso, las quejas de González Ortiz suenan hoy como las amargas lágrimas de Boabdil al entregar Granada a los Reyes Católicos: el Gobierno de Canarias -que era competente en la organización y regulación legal de las Cajas Canarias- pudo haber participado en el proceso de reorganización, y no lo hizo alegando que se trataba de mantener la independencia de las entidades financieras. ¿Independencia? ¿Pero de quién dependían originalmente las Cajas sino de los poderes locales, los ayuntamientos y cabildos? A fuerza de ser independientes, las Cajas no han respondido ante nadie de un proceso en el que los impositores han sido convidados de piedra. Se permitió que las Cajas actuaran como si fueran bancos privados, dejando que se vincularan a intereses completamente ajenos a las islas.

Se ha dicho que un proceso de fusión de ambas Cajas, al que hubieran podido sumarse otras de menor entidad, no habría permitido alcanzar la masa crítica exigida. Puede ser, pero si se trataba de optar entre lo que hay ahora -que desde el punto de vista de los intereses canarios es poco más que nada-, y una institución financiera regional, ampliamente asentada en las islas y participada por algún grupo nacional, el Gobierno debería haberlo intentado. Ahora lamenta una situación que permitió e incluso alentó.