La reciente visita de los Príncipes de Asturias a la isla de El Hierro, donde conocieron de primera mano las consecuencias que está teniendo la crisis volcánica iniciada en octubre pasado, ha devuelto a la actualidad nacional un asunto que adquiere para nosotros una importancia capital. Nos referimos, en concreto, a la responsabilidad que tienen las instituciones para coordinar todas las acciones científico-técnicas que conduzcan a la reducción del riesgo volcánico, igual que a minimizar cualquiera de los problemas y amenazas surgidas como consecuencia de ello.
Son ambos los motivos por lo que hemos venido defendiendo, desde hace seis años, la necesidad de crear y poner en marcha el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), cuya tarea en El Hierro resulta sobresaliente. De hecho, se trata del centro que ha aportado una mayor cantidad de datos acerca de la erupción submarina, dentro de una labor que tuvimos ocasión de ensalzar durante esta visita, a la que asistimos en representación del instituto citado.
Sin embargo, días antes de producirse esta visita, la nueva delegada del Gobierno en Canarias se descuelga con unas declaraciones sobre el Involcan que nos llenan de estupor. “En un momento de crisis como este, no soy partidaria de crear nuevos organismos”, vino a decir, sin reparar en el mayúsculo retraso administrativo que arrastra este asunto.
Porque fue en 2005, siendo senador de Coalición Canaria, cuando logramos que la Cámara Alta aprobara por unanimidad la propuesta de instar al Gobierno a su creación, con el horizonte puesto en el segundo semestre de 2006.
Queremos pensar que la delegada desconoce la importancia real del Involcan, debido a su todavía reciente toma de posesión en el cargo, pero ha de ser consciente de que sus palabras pueden resultar ofensivas para cientos de prestigiosos especialistas, miembros de instituciones y organizaciones científicas y profesionales de todo el mundo, que sí valoran su necesidad. Haría bien en leer el contenido del ‘Manifiesto por el Instituto Volcanológico de Canarias’, suscrito el pasado año por dicha comunidad.
De la misma manera, en las últimas fechas asistimos a un rebrote de la campaña emprendida hace algún tiempo por el ahora ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, contra el Cabildo de Tenerife y sus empresas. Valiéndose sobre todo de dos medios de comunicación con sede en Madrid, el expresidente del Cabildo de Gran Canaria arremete contra el Cabildo de Tenerife, sabedor de que en su isla trabajan 50.000 personas menos que aquí, debido -en parte- a la mayor actividad empresarial desarrollada por esta Corporación insular. Puede ser uno de los motivos que expliquen estas críticas, que no comparten todos los dirigentes de su partido en Tenerife.
Excepto las dedicadas al transporte de pasajeros, un servicio público esencial que no puede desaparecer, podemos afirmar que ese conjunto de empresas es rentable. Todas ellas, tanto las que tienen al Cabildo como propietario como las que son participadas, se dedican a actividades estratégicas que habitualmente no acomete la iniciativa privada. Es más: en algunos casos queda constancia de que dicho sector dijo “no”, de entrada, a su puesta en marcha.
Sabe el ministro -suponemos, en función de la responsabilidad que ostenta- que la creación de cualquiera de estas empresas exige, por la legislación de régimen local, una memoria de actividad económica, técnica y administrativa; el sometimiento a información pública, para conocer posibles alegaciones en su contra, sin que se recuerde la presentación de ninguna en ese sentido. Con todo, cualquier expediente de actividad económica pasa tres veces por el Pleno de esta institución, habiéndose aprobado siempre su constitución por unanimidad, extremo que ahora algunos olvidan con facilidad, o sencillamente desconocen.
Lo cierto es que la gestión del Cabildo al frente de algunas de estas empresas ha sido calificada de ejemplar, no sólo en Canarias sino también fuera de nuestras fronteras. Y así se explica que contemos con socios locales, igual que nacionales y extranjeros (Francia y Japón son un ejemplo), lo cual ha permitido también internacionalizar la actividad empresarial de la Isla. Por no hablar de la rentabilidad de entidades como el ITER, capaz de impulsar distintos sectores vinculados al desarrollo tecnológico, todos ellos con éxito y enorme prestigio. En la coyuntura actual, lo fácil sería desprenderse de estas empresas, especialmente si alguna no alcanza un nivel de rentabilidad adecuado. Pero el Cabildo, sin cerrarse de antemano a ninguna posibilidad, seguirá trabajando para garantizar toda esta importante actividad y, especialmente, los puestos de trabajo que genera. Lo que no haremos es caer en actitudes simplistas y partidistas, algo que empieza a distinguir, desgraciadamente, al nuevo ministro.

Ricardo Melchior Navarro Presidente del Cabildo de Tenerife