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Báñez afirma que los derechos del trabajador permanecen “intactos”

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras anunciar el viernes la reforma laboral. | EFE

EFE | Madrid

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró este domingo que la reforma laboral introduce “mayor transparencia y seguridad jurídica” en las relaciones laborales y que los derechos del trabajador permanecen “intactos”, entre ellos la tutela judicial efectiva.

En una entrevista con el diario ABC, defiende que los cambios en las indemnizaciones “nos acercan a Europa” y que lo que se ha querido es evitar conflictos judiciales al objetivar y clarificar más las causas de despido procedente. En cuanto al despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- se mantiene la indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, pero se dan facilidades a la empresa para poder acogerse a él. Para Báñez, los cambios permiten a las empresas tener más flexibilidad para adaptar las condiciones de trabajo en tiempos de crisis y evitar así despidos; a la vez que se sientan las bases para que se pueda crear empleo estable cuanto antes.

“Lo que hace la reforma es permitir a las empresas que puedan ajustarse a las situaciones económicas adversas con mayor flexibilidad y que el despido sea el último recurso”, señala. Con la reforma ganan todos los trabajadores, así como los parados, los jóvenes y las pymes. Afirma que la reforma introduce acuerdos a los que llegaron patronal y sindicatos, ya que se respeta “profundamente el diálogo social”, y añade que se contará con los agentes sociales para mejorar el texto con sus aportaciones en la tramitación parlamentaria.
Sobre la posibilidad de que los sindicatos convoquen una huelga general, señala que confía en la “responsabilidad” y en el compromiso con España “en un momento tan delicado”. Y reitera que la prestación por desempleo es un derecho de los trabajadores que el Gobierno “no va a tocar” y que se luchará para evitar el fraude con un plan que intensificará los controles y los cruces de información entre administraciones.