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Cambios de escenario > Jorge Bethencourt

Tal y como era previsible, la reforma del mercado laboral privado hace emerger en términos de confrontación dos visiones que aparentan ser distintas: una a favor de proteger los derechos indemnizatorios de los trabajadores, y otra, a favor de garantizar la subsistencia de las empresas. Pero las dos visiones parten de la premisa común de que el Estado tiene el derecho y el deber de intervenir en los acuerdos que se firman entre particulares, en los contratos entre partes.

La socialdemocracia y los conservadores europeos entienden que la debilidad de los ciudadanos hace necesaria la tutela de las administraciones públicas. No la tutela judicial, la que garantiza que no se vulneren sin consecuencias los contratos, sino otra que contempla la intervención en los contenidos de los acuerdos privados estableciendo reglas y fronteras. El bondadoso paternalismo de los estados quiere lo mejor para sus ciudadanos, aunque al final siempre les termina cobrando por ese trabajo altruista.

Lo que la verdad esconde, en esto de la reforma laboral, es que tanto a trabajadores como a empresarios (más de dos millones y setecientas mil empresas en este país son pequeñas y medianas, con menos de diez trabajadores) se les está cascando una carga tributaria desorbitada para mantener abierto el quiosco. El costo de la administración pública supone que cada ciudadano paga 9.600 euros (EAE Bussines School, estudio del año 2009), lo que supone unos 430.000 millones de euros cada año. De ese dinero también se financian las patronales y los sindicatos que con tanta eficacia han gestionado un mercado laboral que ha creado más de cinco millones de parados.

Desde que comenzó la última de las crisis, los poderes públicos han intentado mantenerse a flote apretando las mismas tuercas. Los socialistas subieron el IVA, los conservadores el IRPF. Han aumentado las inspecciones y la búsqueda de dinero a mansalva. Los mismos que no son capaces de hacer que el crédito llegue a esas pymes que quieren salvar han acudido presurosos al rescate de los bancos en apuros.

Más de 400.000 empresas han echado el cierre y tres millones de trabajadores se han ido a la calle, pero ningún banco ha cerrado. Hay cosas que flotan y cosas que no. Por el Estado tiene perfectamente claro quiénes son sus cómplices en el control de una sociedad paternalizada hasta la náusea.

Esta reforma cambia el escenario. Pero seguimos en el mismo teatro.

Twitter@JLBethencourt