Caminos divergentes > Ricardo Melchior Navarro

Colectivos sociales, culturales y vecinales de La Laguna han mostrado esta semana su inquietud por la incertidumbre que vuelve a cernirse en torno a la rehabilitación de la Catedral.

Tiene su origen esta preocupación, absolutamente lógica, en la reciente comparecencia del ministro de Cultura ante la comisión de control del Congreso de los Diputados. En respuesta a una pregunta de Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, José Ignacio Wert vino a decir que las partidas comprometidas para el arreglo del templo catedralicio, conforme al convenio firmado en 2010, estaban sin consignar en los Presupuestos del Estado.

Las reacciones ante este anuncio, tan sorprendente como preocupante, no han dejado de sucederse a lo largo de las últimas fechas. Desde el Obispado de la Diócesis Nivariense y el Ayuntamiento de La Laguna se ha coincidido en el desasosiego que produce el incumplimiento del citado acuerdo, sensación que comparte la práctica totalidad de la población isleña.

Porque diez años después del cierre de este edificio monumental, por el mal estado de su estructura, y de todas las gestiones que hubo que realizar para acometer la rehabilitación, la situación resulta increíble. Seguramente tanto como el uso partidista que pretenden hacer de este asunto algunos representantes del Partido Popular.

Nos hallamos ante un problema cuya solución no debería traspasar el ámbito institucional. El arreglo definitivo de la Catedral de La Laguna, con el horizonte puesto en el año 2013, coincidiendo con el centenario de su construcción, ha de estar muy por encima de la contienda política.

El compromiso para su dotación fue adoptado por el Ministerio de Cultura, consistente en seis millones de euros para acometer las obras de colocación de la nueva cubierta. Y en ello se viene trabajando, pese a no haber llegado el millón euros anunciado para 2011 y que sepamos ahora con el Presupuesto General del Estado prorrogado sigue consignado a menos que lo quite el Partido Popular.

La tarea que nos queda por delante exige la unidad de acción, con altura de miras, sin banderías y oportunistas, por mucho que presuman de tener las llaves de todos los ministerios, a los que pretenden acceder acompañados de fotógrafos para la ocasión.

Instituciones y colectivos han de ir de la mano en esta reivindicación, cuyo fin es tan legítimo y necesario como el que llevó a la rehabilitación de edificios similares en otras ciudades españolas, con cargo a los mismos Presupuestos del Estado. Confiemos en que el propósito del nuevo ministro, en busca de una solución, acaba plasmándose en un acuerdo pronto y firme.

Sucede algo similar en relación al Gran Telescopio de Canarias (Grantecan) y su futuro. Gracias al impulso del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), y en particular del profesor Francisco Sánchez, hablamos de un centro que enorgullece a quienes residimos en las Islas y que goza del reconocimiento permanente de la comunidad científica mundial.

Sin embargo, sus propios rectores han llamado la atención acerca de la continuidad de lo que ya se conoce como la joya de la corona de la Astrofísica en España.
De hecho, el Cabildo de La Palma ha adoptado un acuerdo plenario en el que muestra su preocupación por la falta de financiación para el mantenimiento de los programas de investigación que lleva a cabo el Grantecan.

En concreto, la corporación insular demanda de los gobiernos central y autonómico que se incorporen fondos suficientes para garantizar su funcionamiento.
En ese sentido, resulta esperanzadora la conclusión de la reunión celebrada esta semana por representantes de ambas administraciones públicas, tendente a diseñar “a muy corto plazo” -junto al IAC- un modelo de financiación y funcionamiento que garantice su estabilidad.

Para ello, según el anuncio realizado por el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, se pretende que otros países o instituciones internacionales también puedan implicarse en su sostenimiento económico, además de acudir a fondos europeos para costear la necesaria actualización de su instrumental.

No cabe duda de que estamos ante un buen ejemplo sobre cómo ha de abordarse la solución de problemas, especialmente de índole económica, en tiempos como los presentes.

El diálogo y la colaboración mutua, la cooperación institucional, resulta obligada para cualquiera que ostente la representación popular.

Equivocan su camino quienes hacen del oportunismo y el figureo su única manera de ejercer en política, por encima de la defensa del interés público y de las demandas de los ciudadanos. Y por ese camino seguro que no vamos a encontrarnos.

*Presidente del Cabildo Insular de Tenerife