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Cobrar los rescates > Pedro Millán del Rosario

“Que los negligentes paguen su propio rescate”, ha dicho el Gobierno de Canarias. Dicho así, casi todos asentiríamos y estaríamos de acuerdo. Igual que “el que la hace la paga” o “el que contamina paga”, entre otros enunciados similares. Sin embargo, cuando se conoce algo más uno se da cuenta de que se trata de frases muy sencillas de pronunciar y, en cambio, bastante más complicadas de aplicar. Es una pena que no hubiera nadie del Gobierno de Canarias en el I Congreso de Seguridad en Montaña, celebrado en Zaragoza hace poco más de un año. Allí se dieron cita los colectivos y expertos con mayor experiencia en esta problemática, desde la Guardia Civil a los bomberos de la Generalitat o la Ertzaina, pasando por responsables de turismo o emergencias. En cambio, de Canarias no había nadie. Corrijo: estaba yo, pero no representaba a ninguna institución de las Islas. Una de las conclusiones consensuadas en ese congreso, que se encuentran a disposición de cualquiera en la red, es que cobrar los rescates es contraproducente y negativo. Veamos por qué. El director de Emergencias del Gobierno de Canarias cita a los catalanes como ejemplo, curiosamente de una normativa que nunca han podido aplicar en siete años. ¿Por qué? Primero, porque no eran capaces de objetivar en la mayoría de los casos lo que es un comportamiento negligente. Algo que parece muy sencillo sobre el papel no lo es en la realidad compleja y cambiante de la montaña, donde confluyen muchas variables, algunas de ellas imposibles de medir y de reflejar en una norma. Segundo, se encontraron con el problema de ir a llevarle a unos padres una factura de gastos de helicóptero y personal cuando acababan de enterrar a su hijo, que no había podido ser rescatado con vida. Los costos del rescate deberían abonarse independientemente de si el rescatado sobrevive o no, una vez demostrada la negligencia cometida. Más problemas: muchas personas, ante la amenaza de tener que pagar 3.000 euros (como mínimo) por una evacuación en helicóptero, no avisaban a los servicios de emergencia, y trataban de salir por sus medios. Lo que acarreaba accidentes más graves, incluso muertes, o mayor peligro para los rescatadores por retrasar la asistencia a las horas nocturnas o con peores condiciones meteorológicas. Imagínense que ustedes mismos se pierden en un barranco y se ven en esa tesitura, ¿llamarían al 1-1-2 o tratarían de escapar como pudieran? Además, el coste de los rescates en la naturaleza es mínimo en comparación con lo que suponen los gastos de hospitalización, las operaciones, las bajas médicas, etc. Por otro lado, hay que añadir que el ordenamiento jurídico español ya permite castigar y sancionar conductas imprudentes, negligentes o temerarias, a través de los tribunales de justicia. Quizás el problema es que se trata de procesos más largos y menos ágiles, pero también más severos en sus resoluciones y, desde luego, no suponen titulares de interés para los medios de comunicación. Es curioso pero revelador que esta cuestión nunca se haya planteado a escala nacional. El Estado debe velar por la seguridad de sus ciudadanos y no ponerle precio. Este debate no existe en los lugares en los que no hay operativos de rescate autonómicos. Son los servicios de rescate de montaña de la Guardia Civil (los GREIM, que en Canarias han cumplido 20 años) los que se encargan de asumir cualquier suceso que ocurra en estos territorios algunas veces hostiles para las personas, la mayoría de las veces por conductas imprudentes o erradas. La cuestión se complicaría si el Gobierno de Canarias quiere cobrar por los rescates, ya que sólo podrá hacerlo si los medios utilizados son suyos.