La demanda presentada por un centenar de aguerridos y competentes opositores que en 2009 vieron cómo la administración educativa canaria los ninguneaba anteponiendo la antigüedad a la competencia como único mérito para ocupar un puesto de funcionario interino ha dado como resultado una sentencia muy esclarecedora en la que se considera nulos de pleno derecho los nombramientos realizados por la citada administración, por considerar que no se atienen al principio de igualdad de mérito y capacidad que regula el acceso a la función pública española. La sentencia no hace más que aplicar el principio de igualdad que debe regir todos los actos de la administración pública y que regula el artículo 14 de la Constitución. La obligatoriedad de todo gestor público es acatar el principio de legalidad vigente, garante de un Estado de derecho frente a un Estado estamental, donde los grupos tienen prelación frente a los derechos individuales. No es una cuestión baladí, sino, muy al contrario, el principio rector de nuestra convivencia. Ante esta situación la actual administración educativa canaria debe tomar decisiones de calado: por un lado, restituir los derechos mancillados a los demandantes y aplicar la sentencia; y por otro, derogar la normativa vigente que regula las listas de sustituciones del personal interino de la educación pública en Canarias. La política canaria debe poner pie en pared a los habituales usos negociadores con unos sindicatos educativos que olvidaron que son miembros de la sociedad civil, en lugar de sindicatos verticales procedentes de trasnochadas situaciones políticas españolas. La sociedad civil canaria debe exigir responsabilidades a los gestores políticos que no aplicaron el principio de legalidad vigente y que conculcaron derechos fundamentales como el de defensa de los ciudadanos y el principio de igualdad que rige el estatuto de la función pública. Son gestores educativos nacionalistas que hoy siguen desarrollando su actividad política en la esfera pública, indemnes al desaliento de miles de opositores canarios que han visto cómo sus derechos eran mancillados en nombre de Canarias y de lo nuestro. Comportamientos de este calado hacen que la ciudadanía desconfíe de los políticos y que designe a éstos como principales agentes de los desaguisados de la administración. Exigir responsabilidades a los políticos forma parte de las competencias ciudadanas. El asunto es cómo llevarlas a cabo en una administración completamente permeada por los intereses partidarios, que han convertido a la administración en un búnker de defensa de los burócratas, en lugar de espacio de desarrollo ciudadano. Los ciudadanos llegamos al convencimiento de que, a pesar de ganar en los tribunales, no es posible hacer girar los mandos de una nave que nos viola, encorseta, organiza y domestica. La desmoralización está servida y los daños serán irreparables, porque la confianza es el motor de una sociedad humanizante y humanizadora. Con estas circunstancias, la nueva administración educativa debe esclarecer si la convocatoria de oposiciones (si se produce)va a tener presente la sentencia o no, pues la norma actual es nula de pleno derecho. De que la normativa que denunciaron los opositores era profundamente discriminatoria, no hay duda. Cuando se discute lo obvio suele ser porque ni lo es ni se quiere dejar que lo sea. El sometimiento al principio de legalidad no puede ser elemento de negociación: discutirlo es no tener claro el Estado de derecho.

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