De los matrimonios y divorcios baratos > José Domingo Gómez

Con el cambio de partido en el gobierno ha venido a suceder lo que siempre sucede cuando entra a gobernar el que antes no gobernaba, es decir, mucho de lo que antes existía, y me refiero a la norma jurídica, hay que cambiarla porque yo, que acabo de ser elegido, tengo incluido en mi programa que la anterior norma no me convence o no estoy de acuerdo con ella. Esta forma legítima de actuar es consustancial con cualquier cambio político y a los que vivimos en el mundo de la justicia no nos queda más remedio, en realidad ya estamos acostumbrados si llevamos muchos años, que tirar los códigos viejos y sustituirlos por los nuevos. Unos cambios suelen ser más o menos esperados, y, otros, vienen a ser o globos sondas para ver como se reacciona o pensamientos o ideas propias o recibidas que se lanzan a los medios de comunicación para que inmediatamente todos los afectados pasen a dar su opinión. Pues bien, nuestro actual Ministro de Justicia, el Sr. Gallardón, no tenía porque ser menos y en una semana escasa nos ha propuesto dos ideas las cuales en esta misma página el Domingo pasado han sido recibidas con buen talante por los notarios, o, al menos por uno de sus representantes, como presuntos beneficiarios de las mismas.

La intención manifestada por el Sr. Ministro con estas medidas es, según dice, la de agilizar la administración de justicia, aunque todos sabemos que no son precisamente los matrimonios civiles o los divorcios de mutuo acuerdo los que la colapsan. Los primeros porque solo afectan a los Jueces que tienen a su cargo el Registro Civil cuando se celebran en dicho Registro y no en los Ayuntamientos, y, los segundos, porque aún admitiendo su enjundia, se limitan a la ratificación de las partes, la opinión del Ministerio Fiscal cuando existen menores y la sentencia de divorcio una vez valorado el convenio por el Juez.

La primera de las ideas es que los matrimonios los celebren los notarios, aunque no nos han aclarado si la intención es que además de los Jueces encargados del Registro Civil, de los alcaldes y de sus delegados también los notarios celebren los matrimonios, o, por el contrario si la intención es quitar la facultad de casar a los Jueces y a los alcaldes y dejarlo solo a los notarios. Sea lo uno o lo otro lo cierto es que hoy en día el casarse por lo civil en nuestra Isla tiene dos costes distintos, una la de la gran mayoría de nuestros Ayuntamientos que en fechas recientes y alegando la actual situación económica han aprobado tasas unos y precio público otros por la celebración de los matrimonios, y, otra, el casarse en los Juzgados encargados del Registro Civil en los que no cuesta dinero. Por eso resulta cuando menos curiosa la afirmación que el domingo pasado hacía en este periódico y en esta misma página un notario en el sentido de que con ellos “los matrimonios serían más baratos”. Quizás sería bueno el saber si la idea de los notarios es entrar en competencia de precios con los Ayuntamientos, unos con sus tasas y otros con su arancel, y, por supuesto sin entrar en el aspecto relativo a la limpieza de las salas de espera de las notarías del arroz o pétalos de rosas que se tiren a los novios, lo cual, esperamos, no se cargue por el gobierno a los contrayentes a través de algún nuevo arancel o se incluya como recargo en el que se aplique. No obstante lo cierto es que la Disposición Final Quinta de la Ley 20/2011 de 21 de Julio que entrará en vigor en el año 2014, ya prevé que los Ayuntamientos podrán establecer una tasa por la instrucción y tramitación de los expedientes matrimoniales en forma civil y por la celebración de los mismos, siendo posible, no lo sabemos, que el Sr. Ministro, decida derogar esta Disposición y sustituirla por otra en la que solo se faculte a los notarios para la celebración de los matrimonios civiles.

Otro tanto de lo mismo sucede con el divorcio de mutuo acuerdo. Dejando aparte cuestiones tan relevantes como, por ejemplo, si el acta notarial tiene el valor de sentencia para poder ser inscrita en el Registro Civil, o si el incumplimiento del convenio regulador se ejecutará también por el notario y el oficial de notaría pasa a convertirse en agente ejecutivo encargado de embargar al ex-cónyuge moroso, o, lo que sí es mucho más importante, cómo interviene el Ministerio Fiscal en estos divorcios notariales cuando existan menores, qué vamos a hacer con los justiciables que se ven en la necesidad de acudir a la justicia gratuita por carecer de medios?, pues entendemos que nunca podrán acudir al mutuo acuerdo ya que no podrán pagar el Notario. Hoy, sin embargo, no tienen obligación de pagar ni abogado, ni procurador ni incluso, si las hubiera, que no las hay, tasas judiciales. Y, los convenios quién los redactaría? Entraríamos quizás en cuestiones de intrusismo profesional?. Podríamos extendernos mas pero estoy convencido que el Director por mucho cariño que me tenga no me lo permitiría.

No obstante para terminar y puestos a aportar ideas para abaratar la vida de nuestros ciudadanos, yo también propongo, entre otras, a los Colegios de Abogados para que a su vez lo propongan al Sr. Ministro, que los contratos de compraventa se hagan en documento privado y baste con que acudan comprador y vendedor ante el Registrador de la Propiedad para acreditar su identidad e inscriba la compraventa, o, por ejemplo, que para inscribir las sociedades baste con que acudan los socios al Registrador Mercantil, convirtiendo ambas comparecencias en documentos públicos a los efectos de su inscripción y, de ese modo, se ahorrarían lo aranceles notariales.

*Gómez-Toledo Abogados Hispajuris
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